El Heraldo
El pasado 15 de diciembre en el Palacio de Convenciones de La Habana (Cuba), sede de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, se firmó el acuerdo sobre el punto cinco de la agenda, víctimas. Archivo
Colombia

2016, el año de la firma de la paz

El nuevo año inicia con la expectativa de que el Gobierno logre terminar satisfactoriamente el proceso de negociación con las Farc en La Habana y establezca formalmente los diálogos con el ELN.

83 días exactos faltan para el 23 de marzo de 2016, fecha anunciada con gran bombo como el día en que se firmará el acuerdo final de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, acuerdo que pondría fin a un conflicto interno que lleva más de 50 años y ha dejado más de 6 millones de víctimas.

El camino recorrido durante el 2015 ha dado un saldo positivo en cuanto a los avances de las negociaciones. Cuatro de los seis puntos de la agenda pactada el 26 de agosto de 2012 ya han sido acordados y solo resta el referente al “fin del conflicto”, que con el inicio de un nuevo ciclo de diálogos el próximo 16 de enero supone la recta final del proceso de paz.

Pero el camino aunque parece corto plantea retos importantes y aún hace falta generar consensos sobre la forma en la que las Farc harán el tránsito a la vida civil.

En este sentido el equipo negociador del Gobierno, encabezado por Humberto De la Calle y el Alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, tendrá la responsabilidad de cumplir con los tiempos que se ha impuesto el Gobierno para terminar satisfactoriamente las negociaciones.

“El presidente acordó una fecha con el comandante de las Farc que es el 23 de marzo de 2016. Ese es el acuerdo que está sobre la Mesa, el que tenemos que cumplir. No solamente es posible, es nuestra obligación”, afirmó el martes el Alto Comisionado para la Paz, reiterando el compromiso del Gobierno en el cumplimiento del plazo que en contraste ha sido relativizado en más de una oportunidad por las Farc.

Para la guerrilla el plazo de seis meses acordado el 23 de septiembre entre el presidente Juan Manuel Santos y alias Timochenko, solo empezó a correr con el cierre definitivo del punto de víctimas que se dio el pasado 15 de diciembre. Es decir que en los tiempos de las Farc la fecha para firmar el acuerdo se ubica en junio de 2016.  

Más allá de que se cumpla el plazo del Gobierno o el de las Farc el año que llega girará en torno a la paz, a sus avances y  al  mecanismo para refrendarlo.

Si bien la máxima de los negociadores de ambas partes es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, los avances en la agenda, en especial el reciente acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hacen al Gobierno repetir con mayor seguridad su máxima personal, “la paz está cerca”.

Lo Pactado

El primer punto de la agenda se firmó hace dos años, el 26 de mayo de 2013 con el acuerdo sobre el primer punto de la agenda,  “política de desarrollo agrario integral”.

Este acuerdo incluye una “reforma rural integral” que  aborde los temas del “acceso y uso de la tierra”. Dicha reforma agraria contempla el fortalecimiento de la economía campesina por medio de las “zonas de reserva” y establece mecanismos de “formalización de la propiedad”.

El tema agrario ha sido reconocido por numerosos expertos, incluyendo la Comisión de Memoria Histórica designada por la mesa, como uno de los orígenes del conflicto en Colombia.

El segundo acuerdo, referente a “la participación en política”, se logró el 6 de noviembre de 2013. Allí se establecen las garantías a la guerrilla para constituirse en un partido político, así como una prerrogativa que impulse “cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos”, la reglamentación de un estatuto de oposición y la creación de curules especiales en la Cámara de Representantes para los departamentos más golpeados por el conflicto.

El 16 de mayo se anunció el acuerdo sobre “narcotráfico y cultivos ilícitos”, en el que se establecen el compromiso de las Farc de “poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno (narcotráfico)”, además de participar en los procesos de erradicación de cultivos ilícitos.

También se asume el problema del consumo de drogas como un asunto de salud pública y compromete al Estado a desarrollar programas para atenderlo.

Uno de los puntos más relevantes de este punto es  es el compromiso conjunto de las partes para adelantar programas de desminado, que ya iniciaron en su etapa piloto y en los cuales participan guerrilleros de las Farc y miembros del Ejército.

El último punto cerrado hasta ahora fue el de “víctimas”, el cual acaparó la agenda de diálogos durante todo el 2015.

En este punto se discutía el sistema de justicia transicional aplicable a la guerrilla después de firmada la paz, las penas a las que se enfrentarían y el mecanismo de reclusión, es decir, si irían a una cárcel convencional.

Con la creación de la JEP se estableció un sistema de penas cuya máxima es la entrega de la verdad, condición esencial para acceder a sanciones especiales. Para quienes confiesen el castigo será de 2 a 8 años dependiendo de la gravedad del delito, para los que no lo hagan las penas ascenderán hasta 20 años de prisión.

Este sistema será aplicado tanto para guerrilleros, miembros de las Fuerzas Armadas y civiles que participaron de manera determinante en el conflicto.

Lo que falta

Dentro del punto del “fin del conflicto”, se debe delimitar el proceso de desmovilización y desarme de las Farc, el lugar de concentración que tendrá la guerrilla mientras se da la “dejación de las armas”, la veeduría internacional que verificará dicha concentración, y el acuerdo final sobre cese al fuego bilateral y definitivo.

Así mismo, falta saldar el escollo del mecanismo de refrendación sobre el cual hay discrepancias. Las Farc llevan proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente desde el inicio de los diálogos, lo cual no es aceptado por el Gobierno que recientemente terminó de tramitar por el Congreso la aprobación del plebiscito por la paz, mecanismo que las Farc no ven con buenos ojos.

Todos estos retos deberán ser asumidos por los negociadores desde el 16 de enero, fecha en que inicia un nuevo ciclo de diálogos.

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