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Gobierno español insiste en que referéndum catalán es ilegal

"Lo que hemos visto estos días (...) son movilizaciones tumultuarias", criticó el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo. Cataluña, instalada en la protesta ante los intentos de frenar el referéndum.

El independentismo catalán se instala en la protesta con varias manifestaciones este viernes en Barcelona contra las operaciones policiales para frenar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, denunciadas por el gobierno español como "tumultuarias".

"Lo que hemos visto estos días (...) son movilizaciones tumultuarias", criticó el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo, justificando el envío de un amplio refuerzo policial a esta región de 7,5 millones de habitantes, con sus autoridades y parte de su ciudadanía en rebeldía contra el poder central.

El despliegue policial y judicial contra la votación incrementó el miércoles con la detención de catorce responsables políticos, la intervención financiera de la administración regional y la incautación de numeroso material electoral.

Desde entonces, las protestas proliferan por esta región.

Este viernes cientos de manifestantes se concentraban ante el juzgado donde declaraban algunos de los políticos detenidos, ya puestos en libertad, cientos de estudiantes ocupaban el edificio principal de la Universidad de Barcelona y otro grupo protestaba desde el jueves frente al Tribunal Superior de Justicia regional.

El miércoles, decenas de miles se manifestaron frente a la sede de la vicepresidencia regional, bloqueando dentro durante horas a varios agentes de la Guardia Civil que habían registrado el edificio.

"¿Hasta cuándo Puigdemont vas a seguir abusando y tensionando el pueblo de Cataluña?", preguntó con vehemencia la vicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría.

- Presión policial -

Si bien el presidente del gobierno español Mariano Rajoy dio por desarticulado el referéndum el miércoles, tras las detenciones y la incautación de millones de papeletas de voto, las operaciones policiales siguen activas.

Este viernes la Guardia Civil realizó una inspección "con resultado negativo" en una empresa de embalaje de cartón a 60 km de Barcelona, buscando en principio las urnas electorales, cuya ubicación es secreta.

El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, también advirtió por carta al gobierno regional del envío de refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que "actuarán en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal".

El ministerio tuvo que fletar tres ferris atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona para alojar a varios miles de ellos.

A esto se sumó la petición de la fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid de abrir una investigación por "sedición" por las protestas del miércoles en Barcelona ante la retención de varios agentes de la Guardia Civil y la destrucción de tres de sus vehículos.

La fiscalía pide la identificación de "posibles responsables" y apunta a dos figuras emblemáticas del independentismo catalán, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Omnium Cultural, las entidades organizadoras de las manifestaciones masivas de los últimos años.

Precisamente, en la sede de la ANC, decenas de voluntarios se afanaban por la mañana a llevarse el material de propaganda electoral ante los crecientes rumores de un registro policial, constató un fotógrafo de la AFP.

- 'Lo siento España, Cataluña votará' -

Pero el gobierno regional de Carles Puigdemont no renuncia a este escrutinio suspendido por el Tribunal Constitucional. 

"Lo siento España, Cataluña votará sobre la independencia os guste o no", titulaba el presidente regional una tribuna publicada en el diario estadounidense Washington Post, donde se queja de "tres siglos bajo el poder de España".

Su causa recibió un leve espaldarazo del parlamento europeo, donde 47 de sus 750 diputados, mandaron una carta a Rajoy denunciando "acciones represivas" y "un abuso de poder" de su gobierno y asegurando, como Puigdemont, que la región vive en "bajo un estado de sitio encubierto".

La presión de Madrid, sin embargo, tuvo sus frutos. El viernes tuvieron que cesar al número dos del departamento de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, hombre clave en la infraestructura electoral y multado con 12.000 euros diarios por el Tribunal Constitucional hasta que no se suspenda el referéndum.

También abandonaron su cargo los cinco miembros de la sindicatura electoral creada para supervisar el escrutinio, amenazados también por estas multas, y cedieron sus funciones a un grupo de académicos internacionales reclutados para ejercer como observadores internacionales, informó una fuente gubernamental.

"Este es un referéndum ilegal que no se va a celebrar. No tiene además ninguna garantía democrática", dijo Méndez de Vigo.

Pero los ánimos en las protestas de Barcelona eran muy distintos: "¡Lo que diga España me da igual!", decía con vehemencia Miriam de Simón, dependienta de 50 años. "Se va a votar seguro", aunque el cómo es una incógnita.

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