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Examen de la Corte Penal a Venezuela debe ser una “advertencia”: activistas

Juan Carlos Gutiérrez y Tamara Sujú, que presentaron toda la documentación sobre presuntas violaciones de los derechos humanos ante la CPI, aseguran que las torturas no cesan.  

El examen preliminar abierto por la Corte Penal Internacional (CPI) debe ser una "advertencia" para que el gobierno de Venezuela cese en su política de "represión sistemática" y libere a los presos políticos, estimaron este viernes activistas venezolanos de derechos humanos.

"Es una advertencia al gobierno de Venezuela y los responsables de estos delitos para que cesen de inmediato en su ejecución, para que sean liberados de inmediato los presos políticos, para que cesen las torturas y la represión", indicó el abogado Juan Carlos Gutiérrez en rueda de prensa en Madrid.

"El radar de la CPI está fijado en Venezuela", advirtió Gutiérrez, defensor del líder opositor encarcelado Leopoldo López.

Tanto Gutiérrez como Tamara Sujú, activistas que han documentado presuntas violaciones de derechos humanos ante la CPI, dijeron sentir ahora "esperanza" de que "se haga justicia".

Luego de años de denuncias de víctimas, oenegés y hasta parlamentarios latinoamericanos, la CPI, con sede en La Haya, anunció el jueves un examen preliminar por "presuntos crímenes" desde abril de 2017 en Venezuela.

Los delitos serían uso de fuerza excesiva contra manifestantes, detenciones masivas y maltratos, pero también uso de "medios violentos" por parte de personas que participaron en protestas.

En medio de una grave crisis política y socioeconómica, más de 120 personas murieron en Venezuela entre abril y julio de 2017 durante manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Sujú indicó que los activistas buscarán demostrar ante la corte que "la represión sistemática no es desde el 2017, sino desde el mismo 2013" cuando Maduro llegó al poder.

Y "lo más grave (...) es que no han cesado, estas torturas continúan hasta el día de hoy, porque hasta ayer he recibido testimonio de nuevos casos", señaló Sujú.

Ante la CPI, Sujú ha acreditado 357 casos de "tortura" de detenidos, que van desde desnudamientos, violaciones, golpes, descargas eléctricas y asfixias con gases lacrimógenos.

Aunque Caracas rechazó de manera "categórica" la apertura del examen preliminar de la corte, se mostró dispuesto a brindar "plena contribución para que se diluciden los hechos", según un comunicado de su cancillería.

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