Durante más de un siglo, la ciudadanía italiana se ha basado principalmente en el principio de ius sanguinis, es decir, el derecho a la nacionalidad por vínculo de sangre.
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Pero un reciente fallo judicial respalda cambios impulsados por el gobierno que restringen este mecanismo, lo que podría afectar a millones de descendientes de italianos en todo el mundo.
Desde la unificación de Italia en 1861, la nacionalidad del país ha estado ligada al origen familiar. El Código Civil publicado en 1865 estableció que los hijos de ciudadanos italianos heredaban automáticamente la ciudadanía, incluso si nacían fuera del territorio nacional.
Durante décadas, esta norma permitió que la enorme diáspora italiana mantuviera un vínculo legal con el país.
Ese principio fue reafirmado posteriormente en la ley de ciudadanía de 1912 y nuevamente en la normativa aprobada en 1992, consolidando el derecho de los descendientes nacidos en el extranjero a reclamar la nacionalidad italiana.
La situación cambió con una reforma aprobada por el gobierno en marzo de 2025 mediante un decreto de urgencia. Esta legislación establece que solo podrán acceder a la ciudadanía italiana quienes tengan un padre o un abuelo nacido en Italia.
El Tribunal Constitucional analizó la normativa después de que varios jueces cuestionaran su legalidad. Tras una audiencia celebrada recientemente, el tribunal emitió un comunicado en el que considera infundadas o inadmisibles las objeciones planteadas, lo que representa un respaldo a la postura del gobierno.
El veredicto completo será publicado en las próximas semanas por lo que los descendientes están esperando la decisión.
