El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este sábado a las sanciones aplicadas por EE. UU. a ocho de los once miembros de la Corte Suprema de Brasil, que consideró como “otra medida arbitraria” adoptada por el Gobierno de Donald Trump.
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En una nota oficial, Lula se solidarizó con los miembros del Supremo a los que Estados Unidos le ha suspendido sus visados, en el marco del pulso que Trump mantiene con Brasil para rechazar el juicio por golpismo que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro.
El líder progresista brasileño garantizó que “ningún tipo de intimidación o amenaza, de quien quiera que sea, va a comprometer la más importante misión de los poderes e instituciones nacionales, que es actuar permanentemente en la defensa y la preservación del Estado Democrático de Derecho”.
Según Lula, “la interferencia de un país en el sistema de Justicia de otro es inaceptable y hiere los principios básicos del respeto y la soberanía entre las naciones”.
Este viernes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación del visado al juez brasileño Alexandre de Moraes, así como el de su familia y sus “aliados”, por la supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro.
Esa decisión llegó después de que Moraes, relator del proceso por golpismo, dictara diversas medidas cautelares contra Bolsonaro, que incluyeron el uso de una tobillera electrónica y la obligación de permanecer en su casa durante las noches y fines de semana, en el marco de una causa que investiga las gestiones, que junto a su hijo y diputado Eduardo, han hecho para “inducir” al Gobierno de EE. UU. a sancionar a Brasil.
La sanción anunciada por Rubio ha sido extendida a otros siete de los miembros del Supremo, todos acusados por la ultraderecha de mantener una “persecución política” contra Bolsonaro.
Esa medida se ha sumado a la amenaza de Trump de aplicar aranceles del 50 % a Brasil a partir del 1 de agosto si no cesa la “caza de brujas” y se pone fin al proceso penal contra el líder de la extrema derecha.
Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores responden ante el Supremo a acusaciones de “golpe de Estado”, “organización criminal armada”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “daño cualificado por violencia grave o amenaza” y “deterioro de patrimonio protegido”.
Según la Fiscalía General, que actúa como parte acusadora, el complot contra la democracia habría comenzado tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022 frente a Lula, cuya investidura se intentaba impedir.
La acusación dice que, tras fracasar los planes iniciales, se llegó al asalto a los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de ultras intentaron alentar a los militares a derrocar al nuevo Gobierno.
El tribunal ya ha recibido los alegatos finales de la Fiscalía y dado plazo para que los acusados presenten sus últimos argumentos, tras lo cual el proceso se iniciará el juicio oral, con sentencias previstas para ser dictadas entre septiembre y octubre próximos.
