La Comisión de Amnistía del Gobierno brasileño, que analiza casos de persecución política, aceptó este jueves un pedido de indemnización presentado por la expresidenta Dilma Rousseff por las torturas que sufrió mientras estuvo detenida bajo la última dictadura (1964-1985).
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Rousseff, hoy jefa del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), creado por los fundadores del foro BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica), fue reconocida como víctima del régimen militar, que la mantuvo en prisión durante casi tres años, en los que varias veces fue sometida a torturas.
La expresidenta tenía 22 años cuando fue detenida, por supuestos vínculos con un grupo de izquierda que se había alzado en armas contra la dictadura.
Sus abogados alegaron que, además, su detención arbitraria le impidió continuar los estudios de Economía que cursaba en la época y le costó el empleo que tenía en una fundación estatal.
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Los miembros de la Comisión de Amnistía, que funciona desde 2002, aprobaron este jueves por unanimidad la solicitud de Rousseff, que bregaba por ese reconocimiento desde hace más de dos décadas.
Su solicitud llegó a ser analizada en 2022, durante el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, y rechazada por su supuesto pasado de “guerrillera”, que nunca fue comprobado.
Bolsonaro, en su momento, llegó a burlarse de Rousseff y declaró que “tal vez un día, si un izquierdista regresa al poder, conseguirá una pensión”.
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La indemnización, de 100.000 reales (17.800 dólares o 15.800 euros), fue aprobada ahora, bajo el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el mentor político de Rousseff y quien la promovió como su sucesora en 2010, tras gobernar durante dos mandatos consecutivos.
Rousseff ganó las elecciones de ese año, fue reelegida en 2014, pero en 2016 fue destituida por el Parlamento debido a presuntas irregularidades en el manejo de los presupuestos del Estado.
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