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La decisión fue tomada luego de un análisis técnico, jurídico y social que evidenció la ausencia de avances en la viabilidad ambiental.
Se trata del proceso que se inició ante la acción judicial presentada por el gobernador Eduardo Verano ante las irregularidades en la hoja de vida del rector Leyton Barrios.
La educadora fue asesinada la noche del domingo 30 de noviembre en la vereda La Laguna, área rural de Riohacha, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Más de 100 economistas, exfuncionarios y representantes gremiales enviaron una carta a la Mesa de Concertación solicitando que el ajuste del salario mínimo se base exclusivamente en inflación y productividad.