Cuarenta solicitudes para audiencias de libertad por vencimiento de términos ya hay en la Cárcel Modelo, luego de que ayer entrara en vigencia la Ley 1786 de 2016, la cual ordena que el plazo de las medidas de aseguramiento, tanto intramurales como domiciliarias, no podrá exceder un año.
Estas peticiones fueron tramitadas por los abogados de los internos quince días antes de la entrada en vigencia de la Ley, según informó Freddy Patiño, presidente del sindicato del Inpec Regional Norte y jefe de la oficina jurídica del establecimiento carcelario.
Para expertos, la medida no es más que el reflejo de la falta de eficiencia y eficacia en la administración de justicia en Colombia. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) 9.634 procesados por diferentes delitos en todo el país pueden solicitar su libertad.
Esto significa que todo interno que complete más de un año en prisión por delitos menores, o dos años por las demás conductas, puede desde ayer pedir su libertad.
En Atlántico, son 360 reclusos los que se beneficiarían con la Ley, de los cuales 161 ya pasaron más de dos años tras las rejas sin que se les resuelva su situación judicial y serían los principales beneficiarios (ver infografía).
De acuerdo con Patiño, la entrada en vigencia de la Ley 1786 traerá consigo una 'avalancha' de solicitudes de remisiones para audiencias por vencimiento de términos, ante lo cual mostró su preocupación.'No tenemos la capacidad para atender un aumento en el número de remisiones, no se logra cumplir al ciento por ciento con el número de solicitudes diarias debido a la falta de personal de guardia y de vehículos, mucho menos vamos a poder ahora. Se nos sale de las manos', aseguró.
Según dijo, en la Cárcel Modelo hay 610 personas sindicadas por la comisión de diferentes delitos, de las que el 30% aplicaría para la libertad por vencimiento de términos por llevar más de un año sin que hayan sido llevadas a juicio. Por esta razón estima que, en un término de 2 a 3 meses, hasta 200 internos en total tendrían la opción de pedir su excarcelación.
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Los internos que ya solicitaron la libertad por vencimiento de términos se encuentran detenidos por la comisión de los delitos de porte ilegal de armas de fuego y de estupefacientes, homicidio y hurto calificado agravado, en su mayoría.
De igual manera, la Ley 1786 de 2016 concibió algunas excepciones para otorgar las libertades en los plazos establecidos, por lo que la Fiscalía podrá pedir la prórroga de la detención privativa de la libertad por un año más en los procesos que se tramiten ante justicias penales especializadas, se trate de acusaciones por corrupción o por delitos contra la libertad e integridad sexual, o cuando sean tres o más las personas acusadas en un mismo proceso.
No habrá excarcelaciones masivas. Entretanto, el viceministro de Justicia, Carlos Medina Ramírez, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía indicando que con la entrada en vigencia de la Ley 1786 de 2016 'no habrá excarcelaciones masivas'
El funcionario explicó que la Ley no busca que se evada a la justicia, sino que las personas sigan enfrentando sus procesos en libertad condicional, en la medida en que las autoridades no han podido comprobar su culpabilidad.
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El viceministro reconoció que existen unos problemas en el aparato de la justicia que llevan al represamiento de procesos, lo que retrasa la definición de muchos de estos, pero señaló que aquellos presos que dilaten sus casos para acogerse a esta Ley perderán los beneficios.
'No hay agilidad de la justicia': Defensoría
La Defensoría del Pueblo, regional Atlántico, indicó que el problema carcelario existente es debido a la falta de agilidad en la investigación de los procesos. La entidad señaló que la obligación que tienen las autoridades es de llevar la investigación adelante con prontitud y eficacia, ya que una persona que está siendo procesada por un delito no puede estar indeterminadamente privada de la libertad, debido a que es obligación del Estado demostrarle que su conducta ha sido real, ya que la presunción de inocencia predomina.
La Defensoría regional pide del Estado que se esclarezca con rapidez la responsabilidad de las personas, porque estas deben estar privadas de la libertad por una sentencia y no por una medida de aseguramiento preventiva, 'estas se están convirtiendo en sentencias anticipadas con muy pocos elementos'.
Asimismo, la Defensoría manifestó su preocupación, debido según la entidad, a que la sociedad está haciendo de alguna manera apología a la cárcel, a la medida de aseguramiento, ya que es lo le da tranquilidad a las personas. 'Pero... ¿son culpables o no?, es la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad porque existe la posibilidad de que sean inocentes', cuestiona la entidad, que reitera al mismo tiempo el llamado a las autoridades para que tengan más agilidad, eficacia y eficiencia en los procesos.
