Fernández se cree víctima de la justicia argentina
La expresidenta, a la salida del juzgado, realizó un mitin.
En un acto de fuerte tinte político con el que volvió a ocupar la escena pública, la expresidenta argentina Cristina Fernández se consideró víctima de una persecución judicial que busca enviarla a prisión, y arremetió contra su sucesor Mauricio Macri.
Tras comparecer ante el juez federal Claudio Bonadío por supuesto fraude al Estado, la exmandataria, de 63 años, afirmó desde un escenario montado cerca de los tribunales y ante una enfervorizada multitud de simpatizantes: “Estén todos tranquilos... me pueden meter presa, pero no me van a callar”.
Fernández presentó un escrito en su defensa ante Bonadío, que la citó como sospechosa de haber participado en una maniobra por la cual el Banco Central ofreció dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo, bajo un nuevo gobierno. Según el juez, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77.000 millones de pesos (unos 5.273 millones de dólares al cambio actual).
En el escrito Fernández, que carece de fueros que le otorguen inmunidad, refutó la acusación de “asociación ilícita” que pesa sobre ella, que contempla penas de cinco a 20 años de prisión, al sostener que “es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido” Bonadío “y revela además la intención del gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de plantar... una causa penal que me prive de la libertad”.
Según indicó, la operación de venta de dólar futuro “no produjo en el Banco Central...pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos disvaliosos (sic) a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al devaluar”, afirmó en referencia a la fuerte depreciación del peso ocurrida a fines de 2015, cuando Macri levantó las restricciones al mercado de cambio que Fernández había impuesto durante su mandato.
La expresidenta criticó a Macri, que la sucedió el 10 de diciembre, por haber aplicado un ajuste que ha llevado a la pérdida de las “conquistas sociales” que ella logró durante su gestión (2007-2015) y acusó al Poder Judicial de haberlo protegido al no tener en cuenta denuncias en su contra en el pasado.
