Editorial

Salario justo para los trabajadores

Arranca hoy la puja por el salario mínimo para 2022. La negociación, que debería evitar un nuevo fracaso, debe incorporar los efectos de la pandemia y el alza de precios. No será fácil conseguir acuerdos, pero negociar también supone ceder o aceptar concesiones por el bien común.

Recuperar el poder adquisitivo de los hogares colombianos, duramente golpeados en los últimos casi 21 meses por los efectos de la pandemia y más recientemente por el alza de precios, en especial el de los alimentos y servicios, debe orientar el sentido de las negociaciones formales que trabajadores, empresarios y Gobierno inician desde hoy, para concertar el nuevo salario mínimo.

Llegar a un aumento consensuado, a través de un diálogo social responsable, sería una señal altamente positiva en el actual contexto sociopolítico que pondría en valor el esfuerzo compartido de las distintas partes para asegurar condiciones de vida digna a las 10 millones de personas que devengan esta remuneración. Lo mejor que podría pasar es que se encuentre un camino de unidad que haga contrapeso a la incertidumbre que aún no se disipa del todo en el horizonte de la economía colombiana.

Antes de que las centrales obreras y los gremios económicos destapen sus cartas, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, se ha mostrado optimista frente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Algo que apenas ha ocurrido cuatro veces desde 2010 por las distantes posturas que hasta último término se intentan conciliar en la llamada Mesa de Concertación Laboral. Es posible que el buen ánimo del ministro tenga que ver con la incorporación de nuevas variables a la negociación, cuyo primer vencimiento legal quedó fijado para el 15 de diciembre, mientras que el plazo final será el día 30.

En este sentido, además de la inflación, la productividad y el crecimiento de la economía, entre otros habituales indicadores, en esta ocasión se tendrán en cuenta la informalidad laboral, la incidencia de la pandemia en la pobreza, en la sostenibilidad fiscal, las pensiones y en el desempleo juvenil. A la espera de que las partes den a conocer sus valoraciones acerca del aporte de estas variables a la discusión, de momento resulta importante que se exploren otras fórmulas que dinamicen los diálogos y, a la vez, contribuyan a construir consensos.

Lo que sindicatos, empresarios y el mismo Gobierno deberían evitar a toda costa es que las negociaciones, debido a las tensiones e incluso hostilidades que distancian a algunos de sus participantes, terminen siendo catalogadas, aún antes de comenzar, como la profecía de un fracaso. Las actuales circunstancias demandan verdadera voluntad, determinación y compromiso en el arduo camino de afianzar la reactivación económica, recuperar puestos de trabajo, generar empleo de calidad y ampliar los programas sociales para la población más vulnerable. No será fácil conseguir acuerdos, pero valga insistir en que negociar también supone ceder o aceptar concesiones por el bien común. Es un asunto de elemental generosidad.

Esto no significa que la mesa no se detenga a evaluar la complejidad de los retos económicos derivados de la pandemia, ante los cuales no caben soluciones mágicas. Importante considerar que en el tercer trimestre, la economía creció a niveles prepandémicos y podría cerrar el año en 9,5 %, mientras que la inflación lo haría en 5 %. Pese a que el desempleo bajó ligeramente en octubre y se ha recuperado el 95 % de los empleos perdidos, aún quedan 685 mil puestos de trabajo pendientes, siendo este uno de los puntos más complejos por resolver.

A decir verdad, no existen razones para creer que la inflación se moderará en el corto plazo, no solo en Colombia, sino a nivel global. Se mantendrá invariable, mientras persista la tormenta perfecta desatada por la crisis del comercio internacional que ha encarecido los fletes del transporte marítimo, impactando las cadenas globales de suministros y provocando escasez de productos e insumos. Así están las cosas.

Siendo realistas, las propuestas de aumento que oscilarían entre el 6 % y el 11 %, anticipan una negociación no exenta de dificultades. Sería coherente que las partes, además del Gobierno, actuaran con empeño, en pos de un acuerdo que satisfaga las necesidades de los trabajadores, sin lesionar el costo de vida. Difícil equilibrio frente al que no se puede improvisar en este trascendental momento.

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