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El Editorial | Robarse la energía es corrupción

El hurto de energía, práctica naturalizada por usuarios de todos los estratos socioeconómicos, atenta contra la imperiosa demanda de mejora del servicio de quienes cumplen con sus obligaciones, pero terminan pagando los ‘platos rotos’ de un delito que merece sanción.

Colombia es uno de los países con mayor percepción de corrupción en el mundo, según el índice global de la ONG Transparencia Internacional 2021. Su calificación de 39 puntos sobre 100 la ubica en el puesto 92 entre 180 naciones evaluadas, con niveles de corrupción muy serios en el ámbito público en el que no se protegen de manera plena los recursos, especialmente en sectores con elevados niveles de inversión como salud, educación, infraestructura o justicia. La atención de la emergencia sanitaria reveló corrupción en la contratación oficial, y sobre la actual fase de vacunación existen graves amenazas de irregularidades, con lo que seguimos presos de la cultura de lo fácil, rápido y ganado sin el menor esfuerzo, nada nuevo bajo el sol.

Paradójicamente, muchos ciudadanos que hoy se expresan rabiosos en contra de la detestable corrupción política, una de las más infames caras de este flagelo, son los mismos que asumen una desvergonzada autocomplacencia frente a sus propios actos de corrupción justificados sin el menor pudor. Su postura de doble moral no les hará ganar indulgencias, el que es corrupto en lo ‘poco’ lo será en lo mucho.

Desde octubre de 2020, cuando inició operaciones en Atlántico, Magdalena y La Guajira, la empresa Air-e ha perdido $508.035 millones por hurto de energía debido a la manipulación de las redes eléctricas y los medidores, así como por el robo de líneas. Con la energía robada cada mes en estos tres departamentos se podría encender un millón de viviendas de estrato 1 durante ese lapso.

Contratar a una persona para que, exponiendo su vida, se suba a un poste a realizar una conexión ilegal para que una familia o un negocio evite el pago del servicio de energía o reduzca su valor puede llevarlos a todos a la cárcel, según el artículo 256 del Código Penal que tipifica el delito de defraudación de fluidos, e incluso el proceso penal podría terminar en la extinción de dominio del inmueble. En otras regiones del país hay antecedentes de condenas por estos casos.

Robarse la energía, y esto debe quedar bien claro, es también un acto de corrupción que penosamente se extiende a todos los estratos socioeconómicos afectando no solo la calidad del servicio prestado, sino también a quienes de manera responsable cumplen sus obligaciones a tiempo y resultan perjudicados por problemas en el suministro o en la alteración de los sistemas. Cerca de 9 mil 100 irregularidades detectó Air-e en revisiones a clientes de estratos altos; establecimientos comerciales e industriales y grandes consumidores en los últimos 5 meses. Al ‘pegarse’ de las redes o manipular los medidores no solo no pagan el consumo, sino que además defraudan los valores a cancelar por concepto de la contribución destinada a financiar los subsidios de las familias más pobres. Exigir que el servicio mejore, pero no pagar por él porque es malo es un círculo vicioso que no puede justificar el robo de energía.

Air-e está en mora de revelar los nombres de sus clientes VIP que de manera descarada y hasta cínica, con su conducta delictiva y corrupta, pasan por encima de la obligación que a todos nos asiste de pagar por los servicios públicos. En el listado aparecen moteles, expendios de carne, pescaderías, apartamentos exclusivos conectados a las áreas comunes de sus edificios y hasta viviendas en lujosos condominios de Barranquilla; fincas bananeras en el Magdalena; negocios y propiedades de reconocidos artistas en La Guajira, donde comerciantes del municipio de Hatonuevo, a través de conexiones irregulares subterráneas, hurtaban energía del sistema de alumbrado público.

Hoy 56 investigaciones penales cursan por estos hechos que merecen también una fuerte sanción social. Sin consecuencias será muy difícil avanzar en un cambio de mentalidad frente a la perniciosa connivencia con la corrupción naturalizada por ciudadanos que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El combate contra la corrupción debe ser de todos y empezar en casa.

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