Los delegados del Gobierno de Venezuela y la oposición comienzan un nuevo diálogo, esta vez en México, con el que intentarán encontrar una salida concertada a la profunda crisis humanitaria, socioeconómica y política que devasta al país desde hace años. Es un hecho esperanzador que, a pesar del abismo de desconfianza que los separa, ambas partes accedan a conversar sobre la insostenible y calamitosa realidad de desabastecimiento, inseguridad alimentaria, escalada inflacionista y violencia que lacera a millones de ciudadanos en territorio venezolano, la misma que ha empujado a 6 millones de ellos a abandonar su nación. La comunidad internacional, en particular la Unión Europea y Estados Unidos, respalda la iniciativa en la que Noruega ejerce como país facilitador, pero la acoge con reducidas expectativas, luego de los recientes fracasos de República Dominicana en 2018 y Oslo y Barbados en 2019. Venezuela merece un nuevo rumbo cuanto antes. El futuro de millones de seres humanos extremadamente vulnerables está en juego. 

La agenda prevista retrata las prioridades de Gobierno y oposición, pero sobre todo expone la hoja de ruta que cada uno propone para solucionar la crisis. Aunque el asunto se maneja con discreción, ha trascendido que los representantes de Nicolás Maduro buscarán el desbloqueo de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, el regreso de sus activos en el exterior, entre ellos Monómeros en Barranquilla, y el reconocimiento internacional a sus poderes públicos e instituciones. El régimen no anticipa nada aún sobre la exigencia internacional de elecciones libres y transparentes, un asunto trascendental que ha dinamitado la posibilidad de pactar acuerdos en acercamientos anteriores.

La Plataforma Unitaria Venezolana, en la que –por cierto– no están presentes todos los sectores de la oposición, apostará por negociar la libertad de los presos políticos, el ingreso de ayuda humanitaria y el establecimiento de garantías electorales para asegurar su participación en los comicios regionales de noviembre. La lucha por el retorno de la libertad y la democracia para reconstruir el país sigue siendo, como en otras ocasiones, su principal reclamo ante el régimen.

Los anuncios de la comunidad internacional alientan la posibilidad de materializar cambios reales en Venezuela. Si las conversaciones avanzan de manera significativa, Estados Unidos estaría dispuesto a suavizar las sanciones contra el régimen, con lo que las penosas condiciones de vida de los venezolanos podrían mejorar rápidamente. Se requiere, pues, de una enorme voluntad política y absoluta disposición de las partes para lograr acuerdos concretos. La animosidad e ineficiencia de los diálogos anteriores no pueden marcar la senda de este nuevo espacio de encuentro que se produce en un momento excepcionalmente crítico por las devastadoras consecuencias de la pandemia entre la población debido al retraso en la vacunación y escasez de insumos médicos para atender la emergencia.

Con esta grave situación, los convocados al crucial escenario de diálogo no deberían permitirse un nuevo fracaso que resigne, quién sabe por cuánto tiempo más, la posibilidad de conciliar salidas para aliviar los problemas que agobian a la inmensa mayoría de los ciudadanos. La comunidad internacional, en especial los países cercanos al régimen que actúan como garantes, también tienen una responsabilidad histórica para que esta vez el diálogo no termine en otra frustración. Urge avanzar en un diálogo útil y productivo en el que Gobierno y oposición estén dispuestos a ceder, a bajar el tono de su inquina y a comprender, por encima de todo, que se encuentran obligados a entenderse si quieren recuperar el tejido social de una nación en ruinas.