El ataque vandálico en el suroriente de Barranquilla que acabó con la destrucción y saqueo de la Alcaldía Local es un salto considerable en los desmanes registrados durante los últimos días en la ciudad que demanda una respuesta contundente. Al término de una protesta pacífica en la rotonda de la calle 17 con carrera 8, cuando los manifestantes se retiraron, un grupo de encapuchados arremetió contra la sede oficial que destrozaron para facilitar su ingreso y arramblar con todo lo que encontraron a su paso. Esta acción criminal, además de los daños materiales que causó, puso en riesgo la vida del alcalde local, Cristóbal Rosales, y otros funcionarios públicos que estaban en el lugar cumpliendo con sus labores. Una realidad delictiva que bajo ningún argumento ni causa puede ser justificada porque equivaldría a alentar o legitimar la violencia.

Diez capturados deberán responder ante la Justicia por este asalto, saqueos a comercios y ataques a vehículos de transporte público, inaceptables hechos que alteraron la convivencia ciudadana entre los residentes de este populoso sector donde la mayoría de sus habitantes expresó absoluto repudio por lo sucedido al  ser víctima de los delincuentes que intentaron entrar a sus casas para robar en medio de los disturbios. Las piedras arrojadas por los encapuchados o los gases lacrimógenos lanzados por la Policía durante su intervención para retomar el control de la situación también afectaron a esta comunidad que empieza a estar harta de los altercados de los últimos días. Razones tienen de sobra. Los vándalos no representan a los moradores de Rebolo y La Chinita, y Barranquilla debe reconocerlo así para evitar estigmatizar una zona que demanda una mirada preferencial debido a su difícil situación económica y social, sin ser condescendiente ni complaciente con el vandalismo.

En un proceder valiente, los líderes sociales de estos barrios recorrieron sus calles para pedir la devolución de los objetos robados en la alcaldía local. Muchos aparecieron. Es la actitud correcta porque marca distancia respecto a los actos violentos de una minoría y demuestra cómo a través del dialogo, y no con más confrontación, se pueden encontrar caminos. Casa por casa, estas personas concientizaron a sus vecinos acerca de la peligrosa connivencia con el vandalismo que pone en riesgo a esta comunidad que, sin duda, necesita del respaldo de la dirigencia de la ciudad. El alcalde Jaime Pumarejo en su visita a la zona se sumó a las voces de rechazo en contra de quienes incurren en acciones delictivas diferenciando con claridad la protesta del vandalismo y la violencia. Un mensaje que aclimata la concertación en este difícil momento que sacude al país, y que se echa de menos en otros sectores de nuestra clase política, como los concejales o la bancada del Atlántico.

En este contexto, a nadie se le puede escapar la revelación hecha por el general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien aseguró tener datos creíbles sobre la participación de integrantes de la banda de ‘los Papalópez’ en los desmanes del suroriente, donde dispararon contra la fuerza pública. La presencia de este grupo delincuencial en los ataques a policías o en los asaltos a comercios, que debe ser corroborada con el mayor rigor, constituye una seria amenaza a la protesta social que corre el riesgo de ser criminalizada. Cerrar filas contra los violentos, aislándolos y condenando sus acciones, es imprescindible para mantener la paz pública de los habitantes de Barranquilla garantizando su derecho a manifestarse de manera pacífica respetando el de los demás de no sufrir la destrucción de sus bienes.