Lo de Electricaribe, en su agónico estertor, es lacerante. En menos de 24 horas, dos familias residentes en Barranquilla y Santa Marta denunciaron una presunta negligencia de trabajadores vinculados a la comercializadora de energía en lamentables hechos que rodearon el fallecimiento de sus seres queridos: el médico José Miguel Dau David y la madre de familia Johanna Montañez.

Por su condición de salud, el galeno de 93 años de edad permanecía conectado a un respirador eléctrico en su casa del barrio Los Alcázares de la capital del Magdalena. Hasta este lugar llegó una cuadrilla en visita técnica para suspender el servicio por falta de pago. A pesar de los angustiosos, casi suplicantes, llamados de los parientes de Dau David, el operario cortó la energía. La familia dijo que estaba en mora porque “inexplicablemente” recibe facturas mensuales de hasta $5 millones, reclamo que había puesto en conocimiento de Electricaribe. Tras la muerte del señor Dau, la compañía ofreció sus condolencias. Nada más.

Johanna Montañez De la Cruz caminaba, con su pareja e hija de 4 años, por las calles del barrio Carlos Meisel, suroccidente de Barranquilla, cuando ante la mirada de sus allegados y vecinos un cable de alta tensión cayó sobre ellos e impactó directamente en su cuerpo. La mujer de 27 años falleció por las graves quemaduras. Una tragedia anunciada porque, según relataron los familiares de la víctima a EL HERALDO, en varias ocasiones advirtieron a personal de Electricaribe sobre averías en un transformador y redes del sector, que apenas eran “remendados”. Desconsolada, la madre de Johanna pide respuestas a la empresa, que ni siquiera se ha pronunciado.

Quien sí lo hizo fue la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al anunciar que evaluará la actuación de Electricaribe, para lo cual requirió información detallada a la prestadora de energía acerca de sus procedimientos en estos casos.

Resultados oportunos de sus verificaciones, tras las muertes, exigen de la superservicios los habitantes del Caribe colombiano, indignados, como pocas veces, por estos dolorosos sucesos, en los que Electricaribe revela una vez más la impronta de su azarosa relación con la Región durante los últimos años: una nefasta mezcla de indolencia y negligencia y ahora “desfachatez y descaro”, términos usados por el acalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para referirse a la demanda interpuesta por la empresa contra el Distrito para exigir el pago de $45 mil millones, correspondientes a la facturación de 36 barrios subnormales.

Congresistas del Atlántico calificaron la pretensión de la compañía de realizar este cobro como perversa, inaceptable y hasta malvada, toda una afrenta. En tanto que el Comité Integremial señaló que “resulta inexplicable que se pretenda lesionar las finanzas de la ciudad en momentos en que su situación fiscal ha sido afectada por la crisis ocasionada por la parálisis de los sectores productivos, y cuando todos los esfuerzos de la Alcaldía de Barranquilla están centrados en la recuperación de la economía”.

No les falta razón. Barranquilla y el resto del departamento han padecido años de un servicio insufrible, causante de una enorme afectación en la calidad de vida de los ciudadanos: días sin poder trabajar o estudiar, problemas agravados durante el tiempo de la pandemia, o noches enteras en vela por la falta de ventilación adecuada para conciliar el sueño; por no hablar de electrodomésticos dañados por los apagones. ¿A los ciudadanos, quién les responde? No en vano, muchos estiman que sus reclamaciones terminaron en el cesto de la basura.

Hoy Electricaribe ampara su demanda en un acuerdo celebrado hace más de 15 años con el Distrito, en el que debe responder como solidario por estos barrios, varios de los cuales ya superaron su condición de subnormalidad. A través de un comunicado, la comercializadora aseguró que un juez había ordenado a la alcaldía el pago de la demanda interpuesta, anuncio desmentido por la administración que busca, mediante un recurso de reposición, la declaratoria de no pago de la obligación. Una batalla jurídica que apenas se inicia.

Pero Barranquilla no es la única en la mira de Electricaribe. El abogado de la empresa, Luis Mola, le confirmó a EL HERALDO que también demandaron a Cartagena por $48 mil millones y a Santa Marta por $80 mil, ciudades donde se habrían decretado medidas de embargo. Además en el listado aparecen Montería, Valledupar y los municipios de Puerto Colombia, Galapa y Sabanalarga, en el Atlántico.  El objetivo es el mismo, el pago de las “obligaciones pendientes”.

Electricaribe será historia en cuestión de días. El 1° de octubre, los nuevos prestadores CaribeSol y CaribeMar asumirán funciones. ¿Desaparece la deuda? La agente interventora, Ángela Rojas, dice que no. Dejar atrás un pasado tan gravoso para millones de usuarios no será sencillo ni fácil. Requiere claridad y compromiso de los nuevos operadores: los ciudadanos deben ser conscientes de que el cambio requerirá tiempo, pero es imprescindible saber a qué atenerse.