El Heraldo
Editorial

Debemos hablar de salud mental

Bajo las actuales circunstancias de deterioro de salud mental, invertir en el fortalecer estos servicios sanitarios no solo es una prioridad poscovid, también es una apuesta en la dirección correcta para salvar vidas. Resulta valioso que la Gobernación del Atlántico lo asumiera de esta forma.

La salud mental es un derecho humano irrenunciable que se ha visto vulnerado, como nunca antes, en los difíciles tiempos de la pandemia. Las alteraciones, muchas de ellas irreversibles, en las condiciones sanitarias, sociales, económicas, laborales, educativas o culturales de las personas, derivadas directa o indirectamente de la covid-19, han desencadenado gravosos efectos en su bienestar, al punto de provocarles cuadros de ansiedad, estrés, irritabilidad, tristeza, depresión e incluso, intento de suicidio.

Quienes afrontan una situación de esta naturaleza, tras haber perdido a seres amados, fuentes de ingresos o espacios de socialización, también suelen cargar con el peso del estigma social de saberse incomprendidos, señalados o apartados, en ocasiones, por sus propias familias o círculo de amigos. Básicamente, son personas que sufren, sobre todo porque no saben cómo lidiar con sus frustraciones o miedos. Ni siquiera se sienten capaces de expresarlos. Mucho menos, de pedir ayuda, pero además ignoran a dónde acudir. Su fragilidad socioemocional los deja expuestos a factores de riesgo adicionales como posibles abusos físicos, sexuales o de consumo de drogas que solo agravan sus dificultades.

Si no existe una oferta de atención profesional oportuna, accesible y permanente, los ciudadanos con problemas de salud mental no diagnosticados, en especial los más jóvenes y de escasos recursos, asumen que no podrán superar sus padecimientos psicológicos. Es obligación de las administraciones públicas atender el silencioso clamor de los grupos más vulnerables para canalizar esta ola de crecientes necesidades en materia de salud mental, considerada un “bien público” relevante para el desarrollo sostenible de los territorios. El resto de acciones para enfrentar este inaplazable desafío compromete a toda la sociedad, en particular a padres y educadores que deben empezar a entender la relevancia de los trastornos mentales que convierten la vida de los afectados en algo insoportable y amenazante.

La apertura del servicio de urgencias de salud mental 24 horas en la ESE Universitaria del Atlántico, UNA, en la sede del Cari Mental, es la punta de lanza del imprescindible plan de choque con el que la Gobernación busca reforzar medidas a corto y mediano plazo para abordar esta crisis que demanda intervenciones en distintos niveles, entre ellas un continuo acompañamiento emocional a los habitantes de los municipios del departamento, donde en los últimos dos años se han identificado complejas situaciones de depresión, ansiedad o tristeza que revelan alarmantes señales del deterioro de la salud mental, tanto en las zonas urbanas como rurales.

Desconcierta, pero sobre todo preocupa enormemente que en los primeros tres meses de este 2022, la Secretaría de Salud del Atlántico tenga registro de al menos 168 intentos de suicidio en los municipios, esto equivale a más de uno diario. Buena parte de quienes acaban con su vida son reincidentes. Estremece conocer que el 66 % de ellos corresponde a menores de 21 años, en algunos casos niños de 7 a 11 años, “cansados de vivir”. Los problemas familiares, de pareja y el maltrato escolar aparecen como factores detonantes de estas desafortunadas determinaciones, en las que también se ven involucrados trastornos de salud mental, agravados por la pandemia o el abuso de las drogas.

Bajo las actuales circunstancias, invertir en el fortalecimiento de los servicios de salud mental no solo es una prioridad poscovid, también es una apuesta en la dirección correcta para salvar vidas. Habilitar la atención de urgencias con personal especializado en patologías mentales en los hospitales de Sabanalarga y Soledad, así como en el Niño Jesús, la sede pediátrica de UNA, abre nuevas posibilidades para pacientes de Barranquilla, el resto del Atlántico y de toda la región Caribe que serán recibidos sin discriminación alguna, independientemente del régimen de salud al que estén afiliado, o si es población migrante.

La salud mental no es un asunto irrelevante. Sus problemas o trastornos no deben ser minimizados ni negados. Eso no es razonable. Por el contrario, solo agudiza la soledad, desesperación y aislamiento social de quienes consideran acabar con sus vidas. Todos podemos tender puentes para evitar el sufrimiento inaguantable de estas personas. Acercarlos a los nuevos servicios dispuestos por la Gobernación del Atlántico en sus hospitales o en sus líneas telefónicas también es una forma de sumar esfuerzos.

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