El 15 de julio todos los maestros del país deberían tener su esquema completo de vacunación para asegurar el regreso presencial de los estudiantes a las aulas a finales de ese mes. La inmunización de docentes, directivos y personal administrativo es la mejor prenda de garantía para el retorno seguro de los servicios de educación inicial del ICBF, escuelas, colegios y universidades públicas y privadas, luego de 15 meses de cierres y restricciones por la pandemia. Cerca de 380 mil dosis, destinadas exclusivamente para esta población, están siendo aplicadas en los territorios para lograr este objetivo, por lo que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, sentenció que “no habrá excusa para no reintegrarse al trabajo escolar”.

Pese a que la Resolución 777 definió los criterios para la reactivación económica y social y adoptó los protocolos para su desarrollo, las condiciones de bioseguridad en los establecimientos educativos y el avance de vacunación de su personal determinarán la gradualidad de este proceso que debería avanzar, eso sí, lo más rápido posible. Recuperar el tiempo perdido para mitigar el incalculable daño que el cierre de los centros de aprendizaje ha provocado en el desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes obliga a situarlos en el centro de las prioridades de una sociedad que no puede aplazar más su vuelta a las clases presenciales, y así deberían entenderlo sus profesores, en particular los del sector oficial.

Mantener la circulación del virus bajo control debe asumirse como una tarea compartida entre maestros y alumnos para convertir escuelas, colegios y universidades en ‘burbujas seguras’ donde se cumplan normas básicas de distanciamiento físico, medidas de salud pública y se mantenga el uso del tapaboca, a partir de los dos años de edad. Reforzar los procesos de vigilancia epidemiológica tiene que ser un compromiso de los actores de la comunidad educativa para prevenir que la aparición de casos sospechosos o confirmados del virus desemboque en la suspensión de las actividades académicas o en el cierre del centro escolar. Esta decisión solo debería contemplarse como el último recurso. Actuar con responsabilidad y autocuidado frente al virus, que a pesar de la vacunación y los controles no desaparecerá de nuestras vidas, resultará definitivo para conservar estos espacios abiertos, reconociendo así el insustituible valor de las clases presenciales, otra de las lecciones que nos enseñó la pandemia.

La vuelta a las aulas también exigirá nuevas reglas en el transporte escolar, en el que será obligatorio el uso del tapaboca, se mantendrán abiertas las ventanas –en lo posible– y los alumnos viajarán en silencio evitando el consumo de alimentos o bebidas. Las reuniones colectivas con padres y cuidadores quedarán restringidas en los centros educativos, donde además se tendrán que escalonar los tiempos de comida y descanso, tratando de realizarlos en sitios al aire libre o con adecuada ventilación. Protocolos que con seguridad se irán reevaluando en la medida en que se amplíe la cobertura de vacunación y aumente la estimación de la seroprevalencia.  

El actual escenario epidemiológico de Barranquilla, donde la ocupación de uci es de 63 % y la positividad se sitúa por debajo del 20 %, ofrece condiciones favorables para adelantar el regreso a la presencialidad escolar con un nivel considerable de confianza. Con base en esta nueva realidad, el Distrito confirma la vuelta a las aulas para mediados de julio, y la Gobernación acelera la adecuación biosegura de la infraestructura educativa en los municipios. Que la vacunación de los docentes progrese y el Gobierno confirme el retorno a las aulas, sustentado en criterios técnicos y científicos, son noticias alentadoras. Seguir privando a niños y adolescentes de volver a sus escuelas y colegios es, a todas luces, incoherente, mientras se privilegia la reapertura de otros recintos. Que la constante reticencia de unos pocos no condene a las nuevas generaciones a más inequidad.