¡Esto tiene que parar! Colombia no merece más dolor por cuenta de los excesos inaceptables en el uso de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía ni por las acciones vandálicas de quienes, enceguecidos de ira o acatando un plan diseñado con antelación, atacan, destruyen y saquean lo que encuentran a su paso. La protesta pacífica, un derecho constitucional que nos asiste a todos los ciudadanos de este país para manifestarnos contra lo que nos indigna, debe prevalecer por encima del odio que extremistas desean sembrar en el corazón de un pueblo que lleva décadas sufriendo lo indecible como consecuencia de una violencia sistemática soportada en imaginarios y narrativas de enemigos perennes a los que hay que aborrecer hasta derribar, cueste lo que cueste.

Desconcierta comprobar cómo los patrones de agresión y hostilidad se han generalizado tanto en nuestra sociedad que la indiferencia impide a muchos comprender el inconmensurable dolor de una madre que perdió a su único hijo por un disparo de arma de fuego accionada, según documentan testigos, por un uniformado en medio de una protesta. Esa misma falta de empatía –mezcla de rabia y rencor producto de revanchismos, prejuicios o estereotipos– es la que tampoco deja a otros ponerse en los zapatos de policías contra los que arremeten turbas con palos y piedras con el único propósito de causarles el mayor daño posible.

Tanto los manifestantes movilizados de manera pacífica para reivindicar sus demandas legítimas, como los integrantes de la fuerza pública en ejercicio de su labor, son colombianos –hijos de una misma patria– que no tienen por qué ser víctimas de una violencia intolerable que amenaza y vulnera sus derechos humanos, sobre todo el más importante, el de la vida. Esta barbarie agravada tras la intervención de civiles armados tiene que acabar. No podemos seguir agrediéndonos de esta manera irracional, nadie más debe morir ni resultar lesionado por levantar su voz contra la inequidad, pobreza y exclusión social, exacerbadas por la pandemia.

Nuestras calles convertidas en escenarios de batallas campales alarman a la comunidad internacional que denuncia y condena el desmedido uso de la fuerza por integrantes de la Policía que han llegado incluso a agredir e intimidar a funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que verificaban la situación de detenidos en Cali. La Policía debe revalidar con sus acciones diarias su irrestricto compromiso con la protección del derecho a la vida de los colombianos, y si faltan a ese deber los entes de control están en la obligación de actuar, investigando y sancionando a los responsables. Como también debe hacerlo la Fiscalía frente a quienes cometan delitos. La impunidad no puede ser la respuesta de la institucionalidad ante estos graves hechos que enlutan a tantos compatriotas.

Arropar a las familias de quienes han sido asesinados y expresar solidaridad con las personas heridas es un gesto de humanidad imprescindible para calmar los ánimos, que además nos acerca como sociedad a encontrar caminos de concertación en este callejón sin salida donde unos y otros han sido arrinconados a extremos inalcanzables profundizando la brecha de desconfianza entre ciudadanos e instituciones. Una crisis de tal magnitud exige poner en marcha de manera urgente espacios de diálogo. Retomando el liderazgo que se echaba en falta, el presidente Iván Duque dio el primer paso y convocó, como corresponde a su dignidad de jefe de Estado, a una conversación de alcance nacional sin “diferencias ideológicas” para escuchar a “las instituciones, los partidos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil”.

La instalación de esta mesa de diálogo no desactivará por sí sola la indignación social que sacude al país, pero aclimata un escenario para debatir asuntos trascendentales que hoy demanda la nación. Mientras se alcanzan acuerdos clave que construyan confianza tras la pifia de la tributaria, en las calles la violencia tiene que parar: nada justifica un ataque vandálico ni tampoco la represión policial. Que la garantía de un futuro digno y en paz para todos marque el camino.