Luego de una indagación preliminar, la Contraloría General de la República decidió iniciar un proceso de responsabilidad fiscal en el cual están cuatro exdirectivos de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la empresa Cerro Matoso S.A., encargada de explotar la mina de ferroníquel más grande de América del Sur.

Las razones esgrimidas por el ente de control tienen que ver con presuntas irregularidades en el pago de regalías entre 1982 y 2012, que pudieron constituir un detrimento patrimonial que rondaría los $620 millones de pesos.

La empresa concesionaria, que es controlada por el grupo multinacional de recursos BHP Billiton, se pronunció criticando la decisión que la involucra y anunciando una férrea defensa en el proceso. Además, recordó en su comunicación que, como producto de su operación en Colombia, ha pagado regalías por casi $3 billones en los últimos 37 años.

Al margen de la batalla jurídica que se aproxima, este caso constituye una nueva oportunidad para discutir la naturaleza de las concesiones mineras y los reales alcances que para las regiones tienen las enormes cifras que recibe el país por concepto de regalías.

No es un secreto que, en la gran mayoría de los casos, esos recursos no se traducen en mejoras visibles en las regiones en las cuales se realizan las operaciones de exploración y explotación. Lo que quiere decir, en plata blanca, que la gente que vive en las regiones bendecidas con valiosos recursos naturales –que generalmente es pobre– sigue sufriendo de los mismos problemas que tenían antes de que se iniciaran las operaciones de las multinacionales.

Según la Contraloría, el dinero que presuntamente dejó de entrar a las cuentas de la Nación debería haberse destinado a obras sociales en la zona de Córdoba, donde está enclavada la mina. Pero, la pregunta que surge es si estamos hablando solo de los $620 mil millones que son objeto de la investigación anunciada hace unos días, o si también deberíamos cuestionar el uso que se le ha dado a los $3 billones que Cerro Matoso S.A. ha pagado en casi cuatro décadas.

La vieja discusión acerca de las regalías que deben pagar las multinacionales que explotan nuestros recursos naturales no se soluciona con un fallo judicial que condena o absuelva a una empresa por un valor determinado. El asunto es más complejo que una cifra o la coyuntura que la explica; se trata de uno de los más importantes pilares del desarrollo de los países ricos en recursos que, por falta de tecnología, deben confiar su explotación a compañías extranjeras.

En teoría, los recursos que esas multinacionales están obligadas a pagar como parte de los contratos de concesión deben reflejarse en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en educación, en salud, en infraestructura, en empleo. Pero, en la práctica, eso no ocurre, y la impresión general es que la riqueza se va del país, y que las regiones se quedan igual o peor que como estaban.