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El Editorial | Una tragedia que demanda justicia

Las leyes colombianas contemplan penas y multas para hechos como el de Gaira, pero será la justicia la que determine el grado de responsabilidad, los agravantes y también los atenuantes que puedan caber en el proceso judicial.

El trágico episodio que terminó con la muerte de seis jóvenes en Gaira, en Santa Marta, la madrugada del pasado lunes, al ser arrollados por un vehículo, conduce a múltiples reflexiones.

Han sido cinco días en los que la conversación del país, de los medios y de las redes sociales se ha centrado en la absurda muerte de estos seis muchachos que caminaban por la berma central de la Troncal del Caribe al regresar de la celebración de cumpleaños del único sobreviviente de esta tragedia, un jovencito de 14 años.

Fue una suma de hechos que no debieron pasar, pero se conjugaron.

Uno: un conductor, el empresario Enrique Vives, quien nunca debió combinar –así explique que solo fueron dos o tres cervezas– el alcohol con la gasolina, más en una vía tan peligrosa como la del escenario del dantesco episodio en donde quedaron tendidos y destrozados los cuerpos de las víctimas. El alcohol siempre restará capacidad de reacción y alerta hasta al conductor más avezado.

Dos: una vía como la Troncal del Caribe, que es una carretera de alta peligrosidad por su diseño y por la oscuridad que mantiene en muchas de sus zonas, debía tener mejor iluminación y señalización para minimizar los riesgos de accidentes.

Tres: la mala hora de seis víctimas que desprevenidamente regresaban a sus casas, y la existencia de un puente peatonal, a pocos metros de dónde fueron impactados por la camioneta, que podría haber salvado sus vidas si hubiera sido utilizado para cruzar la carretera.

Pero más allá de estas consideraciones, el hecho es que seis vidas que apenas comenzaban a construirse quedaron truncadas dejando una estela de dolor en estas familias y en este populoso sector de Santa Marta.

Ahora ese dolor está mezclado con ira, indignación y sed de justicia, la que claman los amigos y familiares de las víctimas de este horrendo accidente por la dilación que ha tenido el proceso para imputarle cargos a Enrique Vives, quien sin ninguna autorización judicial de por medio fue trasladado por su custodio policial a una clínica psiquiátrica cuando se disponían a presentarlo el miércoles ante un juez de la república, bajo el argumento de padecer trastornos postraumáticos.

El jueves, la audiencia que estaba prevista para iniciar a las 9 a. m. comenzó 10 horas después y más de 300 personas se conectaron a la audiencia virtual saboteando la diligencia que finalmente tuvo que ser suspendida. Ayer la diligencia debía reiniciar a las 9 otra vez, pero finalmente arrancó siete horas más tarde.

Anoche las familias de las víctimas esperaban una medida de aseguramiento contra Vives.

Es de suponer que nadie sale a conducir con la firme intención de matar a alguien, pero no observar las normas aumenta todas las posibilidades de terminar haciéndolo.

Las leyes colombianas contemplan penas y multas para hechos como el de Gaira, pero será la justicia la que determine el grado de responsabilidad, los agravantes y también los atenuantes que puedan caber dentro del proceso judicial por el que deberá responder, sin duda alguna, quien conducía el vehículo que acabó de un solo golpe con la vida de seis personas.

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