Editorial

Seguridad: candidatos tienen la palabra

La violencia se recrudece en Colombia. Organismos humanitarios internacionales documentaron en 2021 el alarmante deterioro de los derechos humanos de los habitantes de territorios rurales. Un asunto urgente que debe estar de primero en la agenda de los candidatos presidenciales.

2021 no solo fue otro año violento en Colombia. Fue el más complejo, en términos humanitarios, del último lustro. Un tiempo realmente difícil, casi insufrible e insoportable, en el que el incremento de las acciones de los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales deterioraron aún más las precarias condiciones de seguridad de la población civil, sobre todo en los territorios donde libran una lucha a muerte por su control con el único propósito de continuar expandiendo, a como dé lugar, sus economías ilícitas que sustentan su irracional conflictividad. 

En menos de un mes, dos organismos humanitarios internacionales expresaron su alarma por el “agravamiento” de la violencia en Colombia. Pese a sus enfoques particulares, por el carácter propio de sus misiones, la coincidencia de sus análisis confirma el impacto negativo, profundo y en muchos casos irreversible que provoca en el tejido social de las poblaciones víctimas las barbaries cometidas por este andamiaje de estructuras ilegales. Lejos estamos de tocar fondo por cuenta de estos criminales de poca monta, cada vez más despiadados con las comunidades más distantes de los grandes centros urbanos.

Por un lado, está la voz neutral e imparcial del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que elevó a seis los conflictos internos en el país. Al enfrentamiento del Estado contra el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las antiguas Farc hay que sumarle la guerra entre el ELN y las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo, y las pugnas entre disidencias de Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’ contra sus antiguos compañeros de la Segunda Marquetalia, la de Iván Márquez, y contra los llamados Comandos de la Frontera.

Una contienda feroz de todos contra todos con consecuencias humanitarias devastadoras, en particular entre pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes de Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo y Guaviare. Si bien es cierto que el reacomodo o reestructuración interna de estos grupos armados ha desatado nuevos conflictos por la disputa de las rentas ilícitas, su ubicación corresponde a los mismos escenarios críticos donde históricamente la ilegalidad se ha asentado y en los que la presencia institucional sigue limitada.

Círculo vicioso que no se ha logrado romper, entre otras razones por la insuficiente e inadecuada implementación del Acuerdo de Paz. La debilidad del Estado vs la expansión territorial de los violentos desencadenó el año pasado el desplazamiento masivo de 53 mil personas, otras 77 mil lo hicieron de manera individual y 45 mil terminaron confinadas en sus territorios. Cada dos días, el CICR documentó la desaparición de una persona y 486 fueron víctimas de artefactos explosivos, 50 de ellas murieron. En todos los casos, como también en el de los ataques, agresiones y afectaciones a la asistencia en salud, los registros se dispararon a niveles que no se veían hace cinco años. Doloroso retroceso.

Por otro lado, se conoce el preocupante diagnóstico de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que denuncia el asesinato de 100 líderes sociales en 2021, 54 crímenes de firmantes del Acuerdo de Paz y 78 masacres verificadas. Su vehemente llamado apunta al Gobierno para que no solo refuerce su presencia integral en los puntos por todos conocidos, sino también para que “adopte, en consulta con la sociedad civil, una política de desmantelamiento de las organizaciones criminales y fortalezca su respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo”. Se necesita encontrar salidas institucionales, con sentido humanitario para proteger a la población, antes de que la espiral de violencia desate nuevas acciones violentas, como a diario ocurre en Arauca o Putumayo.

Rumbo a la primera vuelta, entramos en un momento decisivo de la campaña. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos para asegurar la realización de los derechos de las víctimas de violencias en los territorios? o ¿cómo les garantizarán mayor acceso a la justicia, servicios básicos o condiciones dignas que prevengan y disuadan la violencia que los acosa? Es hora de acordarse de los habitantes de la ruralidad no solo por elecciones, aunque ellos también votan, sino para comprometerse de verdad con una vida posible para ellos.

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