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Editorial

El Editorial | Los trapos sucios no se lavan en casa

Basta ya de minimizar o enmascarar bajo otros delitos las distintas formas de violencia contra la mujer. Los trapos sucios se cuelgan a la vista de todos.

El infame abuso sexual de soldados del Batallón San Mateo a una niña indígena del pueblo embera chamí, registrado en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda, debe indignar a todo el país. Se trata, sin duda, de un acto miserable y vil que debe generar el mayor repudio por la vulneración de derechos a la que fue sometida esta menor de edad, integrante de una comunidad étnica y extremadamente indefensa, por los uniformados del Ejército Nacional, que están llamados a proteger a los colombianos. Su crimen, como todos los hechos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, debe ser duramente castigado con las penas más ejemplarizantes.

Un despreciable hecho, realmente doloroso por la condición de esta menor indígena, pero que no es aislado. Por el contrario, se suma a las reiteradas agresiones que en los últimos días se han venido conociendo en la región Caribe y que confirman la intolerable lógica machista, casi misógina, en la que se escudan los maltratadores de mujeres para cometer y justificar sus acciones criminales. Delincuentes que deben ser llevados ante la justicia para que no continúe extendiéndose el manto de la impunidad frente a los delitos de violencia de género en Colombia, donde se estima que cerca de 100 mujeres han sido víctimas de feminicidio en este 2020. Hay realidades que ni en tiempo de pandemia cambian.

Nohemí Ríos tiene miedo. Esta mujer que se atrevió a denunciar la golpiza de Edgardo José Carreño, en Pueblo Bello, Cesar, dice ahora que sus lesiones son el resultado de una caída. Su propio hijo, Edinson Beltrán, asegura que no es la primera vez que este sujeto la agrede. Nohemí está amenazada por Carreño, que en un audio le dice: “Me la vuelves a hacer y te vuelvo a pegar, te la vuelvo a clavar, te la vuelvo a zampar. Te apuesto lo que tú quieras que gano esta”. Protección y justicia para esta mujer ante el infame desafío que le lanza este hombre. Sus palabras recogen la detestable violencia patriarcal ejercida, de manera histórica, contra las mujeres, mientras que el rostro ensangrentado de Nohemí refleja el inmenso sufrimiento que produce la impotencia ante la arbitrariedad y el atropello.

Arelys Naranjo Castaño recibió 12 días de incapacidad, luego de los golpes que le propinó su expareja y padre de sus dos hijos, Breiner Maldonado Polo, en el barrio La Chinita de Barranquilla. ¿Alguien lo está buscando para que responda por sus agresiones? En dos oportunidades, esta mujer de 20 años había denunciado a su maltratador, pero no le hicieron caso. Solo cuando acudió a las redes sociales el clamor de esta víctima de violencia intrafamiliar tuvo eco en la Policía y la Fiscalía, que decidieron darle trámite a sus acusaciones. Insólito por decir lo menos. Ahora Arelys, que debió dejar de trabajar por el acoso de su victimario, se siente respaldada, pero una vez los focos de los medios de comunicación dejen de estar sobre ella, ¿qué podría pasarle si su verdugo no es llevado ante la Ley?

Los repudiables episodios de la menor indígena, de Nohemí y Arelys revelan la hipocresía de una sociedad machista que no respalda a sus mujeres. Estas tres víctimas de violencias sexual y de género lograron que sus tragedias personales se visibilizarán, afortunadamente, a través de las denuncias públicas que ellas mismas o terceras personas realizaron, convirtiéndose en casos mediáticos que captaron el interés de las autoridades. De lo contrario habrían quedado ocultos, como ocurre con la gran mayoría de los hechos violentos contra mujeres en Colombia. Los prejuicios, la discriminación, la exclusión, la indiferencia, pero sobre todo, la indolencia de las mayorías frente a la pandemia de la violencia prolongada contra las mujeres son los obstáculos para que se haga justicia.

Cuando los casos de violencia basadas en género no se denuncian o no encuentran respuesta oportuna y eficaz de las autoridades competentes se corre el riesgo de que se produzcan desenlaces fatales. Una asignatura pendiente de los organismos llamados a abordar esta problemática en Colombia es la prevención y para ello, hay que hacer más expedita la hoja de ruta para las víctimas, facilitándoles el camino a través de un acceso adecuado y oportuno a la justicia para denunciar, ser escuchadas, atendidas y protegidas con su entorno familiar. Además, sus victimarios deben ser judicializados. No más concesiones para estos sinvergüenzas. Cero tolerancia contra los agresores y violentos, son escoria y así deben ser tratados.

Basta ya de minimizar o enmascarar bajo otros delitos las distintas formas de violencia contra la mujer. Los trapos sucios no se lavan en casa, se cuelgan a la vista de todos.

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