La pandemia no solo empobreció a los más vulnerables, tanto de la Colombia urbana como rural, también precarizó la condición socioeconómica de la clase media, como consecuencia de la pérdida de sus empleos o fuentes de ingreso. En 2020, primer año de la emergencia sanitaria, este dramático proceso de movilidad económica descendente provocó que 3,5 millones de ciudadanos cayeran en la pobreza, 2,8 millones en la pobreza extrema y 2,2 millones fueran expulsados de los estratos de ingreso medio.
Muchos de ellos, pese al crecimiento de la economía en 2021 que nuevas estimaciones sitúan por encima de 10 %, continúan afrontando serias dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas, entre ellas comer tres veces al día. Como era de esperarse por el incremento de la pobreza y la desigualdad, el hambre ha sobrevivido a la progresiva superación de la crisis de salud, tras lo peor del virus. Porque no todos los ‘devorados’ por las trampas económicas y sociales que lastran a los más pobres, los más golpeados por los efectos de la pandemia, han encontrado medios o ayudas necesarias para pasar página.
En el país, al término de 2021, los índices de desocupación siguieron reduciéndose, lo cual es una buena noticia porque más personas retornaron a los circuitos laborales, sobre todo en Barranquilla y Soledad, que cerraron el cuarto trimestre del año con una tasa de desempleo de 8,7 %, según el Dane, mientras el promedio nacional fue de 11,2 %. Sin embargo, no todas ellas, en especial las mujeres y los jóvenes, tienen empleos estables con salarios suficientes para cubrir sus gastos personales o familiares. Cerca de un millón 200 mil puestos de trabajo –la mitad de los que se perdieron en 2020 por la pandemia- quedan aún por ser recuperados en el país. Pero en total son más de 3 millones 300 mil personas las que en la actualidad no tienen empleo, mientras la informalidad apenas cede, ubicándose en 48 %.
Los problemas estructurales de nuestro mercado laboral, las asimetrías económicas y sociales o la concentración de la riqueza no facilitan una recuperación que enmiende la crítica situación de los más desfavorecidos con la rapidez que demandan. Tampoco buena parte de ciudadanos de la agónica clase media encuentran salidas idóneas para frenar el progresivo debilitamiento de su condición. Preocupan, además, los nuevos riesgos que aparecen en el escenario generando mayor incertidumbre por cuenta de la “desaceleración del crecimiento económico, las presiones inflacionarias, mayores tasas de interés, las depreciaciones del tipo de cambio y posibles deteriores en las calificaciones crediticias”, como advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su proyección para 2022.
Sin una clase media fuerte, capaz de asegurar un adecuado equilibrio en la sociedad, la cohesión social se verá inevitablemente erosionada y se profundizará la insondable brecha entre ricos y pobres. Esta galopante e histórica desigualdad, agravada por la pandemia, no ha logrado ser superada pese a las distintas estrategias puestas en marcha por los sucesivos gobiernos de las últimas décadas. El creciente descontento social, derivado de una situación tan alarmante como insostenible, requiere soluciones ambiciosas, pero realistas que reorienten el rumbo hacia un modelo de desarrollo sustentado en un nuevo contrato social en el que primen amplios consensos.
Asunto trascendental que debe abordarse sin más dilaciones por los aspirantes presidenciales que parecen estar hoy más concentrados en sus insoportables peleas que en presentar iniciativas concretas y viables sobre cómo afrontar el descomunal reto de reducir pobreza, inequidad, inseguridad alimentaria y población desempleada e informal. Millones de personas esperan propuestas de futuro posible que garanticen una recuperación sólida y sostenible en la que todos tengan cabida, sin acudir a fallidas recetas populistas o excluyentes que solo sirven para alentar extremismos electoreros e inestabilidad política, económica y social.
