El transporte público gratuito no existe. La razón es simple: alguien tiene que pagar por él. Puede que no sea el usuario final, de acuerdo, pero su operación necesita financiarse, a poder ser con recursos procedentes de fuentes seguras que garanticen su sostenibilidad a largo plazo. Así de sencillo. No ha sido el caso de los sistemas de transporte masivo que, pese a ser subsidiados, afrontan una profunda crisis financiera de vieja data, agravada por la pandemia. Hoy funcionan al límite de sus posibilidades. Sus deudas no dejan de crecer, al igual que la evasión del pasaje y no han logrado equilibrar el número de usuarios diarios con los proyectados en los cálculos iniciales, con los que se sustentaron los Conpes, para asegurar su viabilidad económica.

Pese a ser un servicio público esencial del que dependen millones de personas para movilizarse, dificultades acumuladas a lo largo del tiempo les han sumado déficits tan irresolubles en términos financieros, así como de eficiencia y calidad en su operación, que no es de extrañar que estén al borde de un colapso definitivo. Al primero que esta crisis cantada se llevó por delante fue a Metrolínea, el de Bucaramanga, cuya liquidación se ordenó días atrás, luego de 13 años de existencia. Salvarlo costaba $600 mil millones. No había cómo. Así que, si no se encuentran nuevas fuentes de financiación para estabilizarlos, uno tras otro podrían tener sus días contados.

El billón de pesos aprobado por el Congreso en la adición presupuestal que el Ministerio de Transporte le inyectará a los sistemas, entre ellos a Transmetro que recibirá $27 mil millones, en algo alivia su crisis estructural, pero no la soluciona. A la espera de que se profundice en su viabilidad técnica, financiera y jurídica, la propuesta del presidente Petro de pagar el transporte público mensual con una “pequeña cuota en la factura de la luz”, pone el foco en el debate sobre cómo darle continuidad a la operación de un servicio que languidece sin que existan alternativas.

Que la iniciativa surja en la coyuntura electoral le resta valor. De hecho, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la calificó de “politiquería barata y engañosa”. Pero al margen de las críticas que apuntan a la inviabilidad de que se presente como una tarifa cero o gratuita, esta es una cuestión prioritaria a discutir con rigor técnico, sin populismos, y en cabeza del Ministerio de Transporte, claro, con los entes gestores y las administraciones locales. Si solo se mantienen las actuales fuentes de financiación, a ninguno de ellos les salen las cuentas, de modo que se requiere explorar salidas sostenibles para sanear el déficit financiero de los sistemas, mantener su operación y, en lo posible, expandirla a las siguientes fases previstas y, sobre todo, optimizarla.

Distribuir el costo operacional del sistema de transporte, de acuerdo con variables a considerar, como el valor del pasaje, el predio donde se vive, su avalúo, destinación o localización, para que los ciudadanos paguen, según su nivel de ingreso o estrato socioeconómico, vía recibo de agua, luz o gas, es lo que evaluará el Gobierno nacional. Dicho de otra manera, se establecería un mecanismo de pago de transporte anticipado que eliminaría el recaudo, la evasión y las filas de ingreso. No sería una medida de gratuidad, pero sí un subsidio cruzado en el que algunos pagarían por un servicio que no usan, debido a que se movilizan en sus vehículos particulares, por los que ya pagan, además de una gasolina intratable, impuestos de rodamiento y otros gravámenes. ¿Será que el palo está para cucharas en un momento en el que las tarifas, en particular las de la energía, no dejan de subir, aunque en el Caribe nos prometieron justicia tarifaria? ¡Nanay cucas!

Tiene razón el exministro Amylkar Acosta cuando señala que desde esa perspectiva la propuesta le parece inoportuna, improcedente y antipática. Precisar de cuánto sería esa “pequeña cuota” de la que habla el presidente Petro será clave para determinar su viabilidad. Algunos cálculos estiman valores que elevarían más de la cuenta la factura de la luz para sectores vulnerables, que dicho sea de paso no la pagan en el 95 % de los casos. ¿Lo harán bajo estas circunstancias? Muchos se rebuscan el valor del pasaje con las marañas diarias. Que no se olvide. Pensar en todas las opciones también tiene que ser parte de la discusión. Se hace indispensable un análisis técnico y un enfoque pragmático de la realidad socioeconómica de nuestra región, donde la carestía energética nos ha empujado a una crisis sin remedio de la que nadie se ocupa. ¡Qué vergüenza!