El Heraldo
Editorial

De un plumazo

El presidente Trump ha anunciado que anulará, valiéndose de una orden ejecutiva, la 14 enmienda de la Constitución, lo que acabaría con el derecho automático a la ciudadanía de los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos. 

Estados Unidos es un país con una corta, pero admirable, tradición republicana, basada en unos principios fundadores que le han permitido, a pesar de algunas evidentes contradicciones, convertirse en poco más de 200 años en guía de las tendencias mundiales. 

Tal vez la más importante de esas premisas ha sido su política de puertas abiertas en virtud de la cual millones de personas provenientes de los cuatro puntos cardinales del planeta construyeron una nación que se precia de ser el país de las oportunidades. 

Para proteger no solo el espíritu multicultural del país, sino también sus ventajas prácticas, se redactó hace más de ocho décadas la 14 enmienda a la Constitución. El mandato le otorga a los nacidos en EEUU la nacionalidad automática, sin importar que sus padres no la posean. 

Pero las cosas cambian y comienza a prevalecer en el mundo un sentimiento antiinmigración cuyas consecuencias pueden alterar el orden internacional tal como lo conocemos. Y una de las expresiones más importantes de esta corriente fue la elección del republicano Trump como presidente de la superpotencia que dicta, directa e indirectamente, la agenda contemporánea.

En un intento por consolidar sus políticas en contra de la inmigración, Trump ha anunciado que anulará, valiéndose de una orden ejecutiva, la 14 enmienda, lo que acabaría de tajo con los privilegios de los niños nacidos en territorio estadounidense. Argumentó que EEUU es el “único país del mundo” donde el nacimiento en el territorio da automáticamente la ciudadanía,  lo cual es falso:  al menos 30 países –muchos de ellos en el continente americano– reconocen el ius solis.

Pero una cosa es la pretensión y otra, distinta, que se pueda hacer realidad. Expertos afirman que una reforma de la Constitución solo es posible con la intervención del Congreso, muy a pesar de la interpretación que la Casa Blanca ha hecho a última hora, que es la que tiene al presidente hablando duro acerca de la legalidad de los decretos ejecutivos hechos a la medida de sus caprichos. 

Lo cierto es que se avecina una batalla legal que no se presagia fácil y que tendrá en vilo a millones de inmigrantes cuyos hijos vienen en camino. Pero Trump calcula que esta campaña le servirá para movilizar a sus bases en vísperas de unas elecciones parlamentarias que presagian el resurgimiento de los demócratas.

En muchos países, sobre todo europeos, no se accede de modo automático a la ciudadanía por haber nacido en el territorio, lo cual implica que estamos ante un tema susceptible de debate. El problema en el caso de Trump  es el móvil xenófobo y hostil que subyace en su pretensión de cambiar una ley que es parte esencial de la historia de su país.

 

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