Parafraseando al guardia Marcelo en la tragedia hamletiana, algo parece estar podrido en el municipio de Puerto Colombia.
A raíz de la publicación, el jueves pasado, en EL HERALDO de una noticia sobre una supuesta red de corrupción con tentáculos en la administración local, no hemos parado de recibir denuncias de ciudadanos que manifiestan haber sido víctimas de dicha trama. Y en varios de esos casos ya hay instauradas ante la Fiscalía las denuncias penales correspondientes.
Algunos testimonios apuntan directamente a la inspectora de Policía, Mirna Camargo, y al jefe del archivo de la Alcaldía, Franklin Pallares, quien periódicamente asume en calidad de encargado labores en la Inspección.
El jueves pasado publicamos la denuncia de unos empresarios que tienen frenado un proyecto inmobiliario porque han aparecido unos reclamantes del terreno que alegan ser los verdaderos dueños y que cuentan con un acta de posesión firmada por la inspectora de Policía. Los empresarios sostienen que, a través de intermediarios, los reclamantes les han pedido $600 millones para zanjar el pleito, pero que se han negado a aceptar el “chantaje”.
En nuestra edición de hoy publicamos otro caso muy peculiar. El funcionario Pallares intercedió para que un hermano suyo diera un préstamo a una vecina del municipio, pero resulta que ahora tienen unas diferencias abismales sobre el monto de la deuda: Pallares sostiene que le prestaron $500 millones; la mujer alega que no tiene capacidad para asumir una deuda de esas dimensiones y que el crédito fue de $25 millones, aunque señala que el prestamista le hizo firmar un documento en blanco para entregarle esa suma.
Ante el desacuerdo, entró en acción la Inspección de Policía –con la cual Pallares tiene un vínculo estrecho– y dictó una orden de restitución para que la mujer entregue su vivienda al padre de Pallares por incumplir con el pago de la deuda.
Pallares y Camargo fueron contactados por este diario. El primero defiende su actuación como comisionista en el préstamo a la mujer y no ve incompatibilidad alguna por su relación con la Inspección, que ahora es ‘juez’ en el caso. Camargo alegó que ella solo responde a la justicia y colgó el teléfono a la periodista.
A ambos funcionarios les asiste, por supuesto, el derecho a la presunción de inocencia. Pero consideramos que la mejor manera de despejar las sombras de duda es explicar de modo convincente sus actuaciones. Ya sea a los periodistas o a la justicia, donde en este momento existen denuncias muy graves contra ellos.
