El asesinato de Mateo Pérez Rueda es un atroz crimen que desnuda, con desgarradora crudeza, la absoluta indefensión en la que ejercen su oficio los periodistas en las regiones de Colombia.

El joven director del medio digital El Confidente de Yarumal, Antioquia, no solo informaba, sobre todo cumplía una labor invaluable. Mateo incomodaba, investigaba y, a costa de su propia seguridad, daba voz a comunidades atrapadas entre la violencia, el miedo y el silencio en territorios donde la gente subsiste sin dios ni ley. Por eso lo mataron.

Su tortura y posterior ejecución, atribuida al Frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá —flamante gestor de paz aún sin orden de captura vigente porque el Gobierno no revoca la resolución para poder perseguirlo y capturarlo, como se lo pidió la fiscal Camargo al presidente Petro—, constituye una afrenta directa al ejercicio libre del periodismo.

Lamentablemente, informar desde las regiones, con los pies sobre el terreno y la mirada puesta en los problemas reales de la gente es cada vez más una actividad de alto riesgo por la ausencia de garantías mínimas y el acoso constante de una creciente violencia.

El de Mateo ya es un caso emblemático que nadie debería darse el lujo de normalizar en el país. No solo por la brutalidad misma de su asesinato, también por el contexto de tolerancia institucional que lo rodea.

Resulta inaceptable que ‘Calarcá’, quien manda, con ‘Chala’ y ‘Primo Gay’, a esta disidencia, acusada de violar derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad, esté blindado mientras impone la ley de su fusil para someter a la gente a un régimen de facto criminal y opresivo, contrario a la esencia misma de la dignidad humana.

Ni siquiera fue posible recuperar el cadáver del reportero sin la mediación de una comisión humanitaria. Ese hecho retrata la realidad de territorios en manos de los violentos, vedados para la fuerza pública y en los que informar equivale a firmar una sentencia de muerte.

Allí, los periodistas trabajan sin protección ni recursos, bajo la asfixiante presión de uno, cuando no de varios actores armados que intentan controlar la narrativa local o, simplemente, silenciarla. En esas condiciones, el periodismo libre es, en la práctica, tan solo una quimera.

No cabe duda de que lo sucedido con Mateo confirma el colapso de garantías para la labor periodística en la Colombia profunda. Las agresiones contra la prensa no pueden ser vistas como hechos aislados, hacen parte de un patrón sostenido de amenazas, intimidaciones y ataques que afectan de forma desproporcionada a los periodistas de las regiones.

Son ellos quienes, sin esquemas de seguridad ni respaldo efectivo, enfrentan de primera mano a actores armados, economías ilícitas, poderes ilegales y redes de corrupción locales. Sí, son los más expuestos y los menos protegidos. Y la verdad es que a nadie le importa su suerte.

Desde 2022, la Asociación de Medios de Información (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han documentado cientos de agresiones contra medios y periodistas y, al menos, ocho han sido asesinados durante el gobierno Petro. Y con Mateo ya son 170 desde 1977. Más que una mera estadística esta es una tragedia sistemática que sigue pasando desapercibida para el grueso de la ciudadanía. Incluso no faltan quienes hasta la justifican.

Hoy no es posible dejar de lado un factor que agrava el panorama: la estigmatización. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han alertado sobre el ambiente —cada día— más hostil hacia la prensa, alimentado por incendiarios e irresponsables discursos desde el poder, comenzando por el propio jefe de Estado, que deslegitiman el ejercicio periodístico. Ese lenguaje no es inocuo.

En regiones donde impera la insensata lógica del enemigo, cualquier señalamiento puede ser interpretado como una autorización tácita para usar la violencia en contra de la prensa.

El asesinato de Mateo no puede quedar reducido a condenas retóricas. Exige una reacción certera del Estado: investigación eficaz, justicia con ejemplar sanción y el reforzamiento de medidas integrales que garanticen condiciones reales de seguridad para la prensa regional. La protección del periodismo es condición indispensable para la vigencia de la democracia.

Silenciar a la prensa con sevicia y violencia arrebata vidas y destroza familias, al mismo tiempo que expande los desiertos informativos y deja a la gente a merced de la ilegalidad. Mateo Pérez Rueda fue asesinado haciendo lo que el Estado no es capaz de garantizar: el derecho de las comunidades a saber.

Su miserable asesinato reclama decisiones de fondo. Porque cuando matan a un periodista no solo apagan una voz: debilitan a toda la sociedad.