En Colombia, donde seis de cada diez mujeres periodistas han sido víctimas de alguna forma de violencia de género en su entorno laboral –según la Defensoría del Pueblo— el problema no es únicamente el acoso. Es, sobre todo, el silencio selectivo y calculado que lo resguarda.

El estallido de denuncias por acoso sexual en el periodismo colombiano —con epicentro en Caracol Televisión y foco puntual en Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego— ofrece una oportunidad que no se puede desperdiciar. La salida de estas figuras visibles, las disculpas institucionales del presidente del canal, Gonzalo Córdoba, y la apertura de una investigación independiente, a cargo de la jurista Catalina Botero, sí marcan un punto de quiebre, pero no garantizan, por sí solas, las transformaciones reales que este caso debería desencadenar.

El riesgo es conocido: que el escándalo pase y todo siga igual, dentro y fuera de ese u otros medios de comunicación. Durante años, las mujeres han levantado banderas rojas contra el machismo —y con toda razón—, pero demasiadas veces ese discurso valiente es incapaz de sostenerse cuando los peores señalamientos apuntan hacia dentro, efecto de distancias insalvables entre lo que se predica y lo que se tolera por las conveniencias empresariales.

Y es que cuando el acoso ocurre en el propio entorno, la decisión no siempre es denunciar, sino administrar el daño. Y en el cálculo del impacto, la víctima vuelve a quedar sola. Se le pide prudencia, se le sugiere esperar, se le advierte de las posibles secuelas. Es la forma más sofisticada de silenciamiento: no negar los hechos, sino aplazarlos hasta que pierdan fuerza.

Ese colaboracionismo no resulta tan explícito. A veces se disfraza de escepticismo, de dudas “razonables”, de llamados a no “precipitarse”. La hipocresía, en esos contextos, no es un exceso retórico, sino un mecanismo de poder que condena el acoso en abstracto mientras se le resta valor en lo concreto. Se alza la voz cuando conviene y se guarda silencio cuando incomoda. Y así, el mensaje que se envía es devastador: no todos los abusos importan igual.

Hasta ahora, las decisiones adoptadas en Caracol Televisión, al igual que la intervención de la fiscal General y el llamado de la defensora del Pueblo son valiosas, pero apenas iniciales. Lo verdaderamente urgente es que esta coyuntura se traduzca en cambios estructurales que desmonten la noción generalizada que normalizó el abuso de poder en las redacciones.

Ese imaginario, soportado en normas débiles o protocolos ineficaces, se reproduce, sobre todo, en prácticas cotidianas, como jerarquías que se confunden con licencia para hostigar sexualmente, en silencios cómplices que se premian o en lealtades mal entendidas que protegen al agresor y aíslan a la víctima. Por eso, el tema no puede limitarse a sancionar los casos ya conocidos. La exigencia es mayor para transformar la cultura que los hizo posibles.

Y en ese punto, la responsabilidad recae de manera directa en los hombres. No como un eslogan vacío, sino como un requerimiento definitivo. De lo que ellos aprendan, asuman u omitan dependerá que el actual momento sea un parteaguas o apenas un eslabón más en una sarta de escándalos sin fin. Es crucial que se revisen comportamientos, cuestionen privilegios y se rompa la inercia del silencio, que es el mejor aliado de los agresores. También de quienes, sin acosar directamente, miran hacia otro lado. La cadena de encubrimiento no empieza ni termina en el victimario, se sostiene en colegas que justifican, superiores que relativizan, instituciones que dilatan y en los entornos que, deliberadamente, revictimizan.

De nada sirve respaldar a las víctimas cuando el costo reputacional obliga. Tampoco adherir a protocolos que se activan solo cuando las crisis detonan. El cambio real exige coherencia diaria para rechazar conductas impropias sin matices, no tapar a compañeros, no minimizar testimonios y entender que el poder —en cualquier escala— implica total responsabilidad.

Si lo sucedido no transforma la manera en que los hombres entienden y ejercen ese poder, las investigaciones, sanciones y pronunciamientos serán insuficientes. La pregunta de fondo no es qué ocurrió, eso lo sabemos, siempre lo hemos tenido claro, sino qué se hará para que no vuelva a pasar. Y esa respuesta, en buena medida, está en manos de quienes han ocupado históricamente posiciones de poder. No olvidemos que la indignación es efímera.

Ni un solo paso atrás. Denunciemos sin reparar en el apellido del aludido ni en el entorno al que pertenezca. Se dice fácil, pero en realidad, como sociedad, nos exige entender que el silencio no es neutral, sino una forma de respaldo al status quo de “te aguantas, así son las cosas”. Cada omisión, demora e intento de subestimar lo ocurrido perpetúa un sistema donde el poder sigue inclinando la balanza en nuestra contra. No se debe seguir sacrificando la verdad a la conveniencia, ni la dignidad de las víctimas al cálculo corporativo. Si el silencio ha sido, desde siempre, el refugio del abuso, persistir en él —por acción u omisión— es, en el mejor de los casos, cinismo. Y en el peor, despreciable complicidad. Usted, ¿de qué lado está?