De la “Ciencia para el Progreso” que identificaba –aún lo hace en su marca institucional, pero no en sus resultados– a la Universidad Autónoma del Caribe, poco queda. La que fuera en su momento una de las principales instituciones de educación superior de la región ha vivido en agonía la última década, pero sostenida con ‘respiración artificial’ a punta de medidas preventivas y de vigilancia, pero también de intervención por parte del Ministerio de Educación.

Después de los líos judiciales de la rectora Silvia Gette y de su sucesor, Ramsés Vargas Lamadrid, desde el 2018, exactamente desde el mes de febrero de esa vigencia, el MEN debió ordenar medidas para garantizar la continuidad de la universidad y su funcionamiento. Desde entonces ha permanecido la figura del inspector in situ, en tanto que se han modificado en distintas ocasiones a miembros del Consejo Directivo y del Consejo Superior, así como a los rectores encargados. Ya son cinco desde entonces.

De las medidas preventivas y de vigilancia tomadas en el cierre del gobierno de Juan Manuel Santos y que se preservaron en el de Iván Duque, se pasó a la intervención ordenada en el 2024 en el de Gustavo Petro, con la designación de Jorge Senior como rector encargado.

En ocho años de manejo por parte del Ministerio de Educación, la Universidad Autónoma del Caribe no solo no mejoró sus indicadores y finanzas, sino que agravó su crisis institucional y hoy las deudas, según le manifestó a EL HERALDO uno de los actuales consejeros en el informe publicado el pasado lunes, superan los 200 mil millones de pesos.

A muchos catedráticos les deben aún lo correspondiente a sus honorarios de noviembre de 2025, la liquidación del año y los pagos de lo que va corrido de este 2026. La universidad también acumula varios meses de deudas de los aportes de seguridad social de buena parte de los empleados. Palabras más, palabras menos: la intervención del Gobierno nacional, que para estos efectos debía buscar la recuperación de la alma mater, está conduciendo a la Autónoma del Caribe a un entierro de pobre. Salvo un milagro, con las condiciones actuales, la incertidumbre se multiplica y las opciones parecen agotarse para mantenerla abierta.

Tras dos años de encargo, el actual rector reconfiguró el Consejo Superior, organizó por cuenta propia el proceso de elección, se postuló como candidato y terminó siendo elegido pese a las acciones legales interpuestas para evitarlo.

Como quien dice en términos futbolísticos: cometió la falta, pitó el penal, lo cobró, lo tapó y se llevó el balón para la casa. Al menos así lo ven los miembros del Consejo Superior que se han opuesto a la elección de Jorge Senior por 4 años más al frente, al igual que el sindicato SintraUAC, que cuestiona el hecho de que una medida excepcional terminara convertida en un “mecanismo de consolidación de poder”, desde su punto de vista.

Ocho años exactos se cumplieron el pasado mes de febrero desde que el Ministerio de Educación ordenó tomar acciones en la Autónoma en busca de conjurar los hechos de corrupción que la dejaron en las tablas y con su futuro comprometido, tanto que la realidad institucional hace ver que no hay mañana para ella.

Según los propios informes publicados en la página web de la universidad, en el primer semestre de 2018 se matricularon 9.932 estudiantes, mientras que en el primero de 2024 apenas lo hicieron 6.632 (una caída del 33 %). En el 2025 la cifra apenas llegó a los 6.400 entre pregrado y posgrado. La matrícula sigue en picada, y en una institución tan dependiente de este ingreso cualquier plan financiero queda expuesto a incumplirse.

El rector Senior, le aseguró a esta casa editorial que la deuda total de la UAC es de $160 mil millones y que se incrementó en administraciones anteriores a la suya, especialmente en la de su antecesor, por cuenta de que no se cumplió con el plan de pagos. Lo cierto es que la única solución contemplada hoy por el Gobierno nacional es convertir a la Autónoma en una universidad pública. Imposible no preguntarse: ¿con qué plata? ¿En medio de una emergencia económica y un presupuesto desfinanciado? Dice Senior que el proyecto de ley ya está radicado en el Congreso. Así las cosas: la enferma comienza a tener cara de difunta. El futuro es demasiado incierto. Amanecerá y veremos si el plan del rector Senior salva la universidad o termina de sepultar 59 años de historia y más de 60 mil egresados se quedan sin su alma mater.