El caso de Torres del Cielo desnuda, con crudeza, una de las estafas inmobiliarias más dolorosas que ha vivido Barranquilla en los últimos años. Más de 80 familias confiaron sus ahorros de toda una vida a un proyecto que prometía vivienda, estabilidad y futuro, pero que terminó convertido en un símbolo de abuso, negligencia y desprotección institucional.

Desde su origen, el proyecto liderado por AVI Strategic, en cabeza de Alberto y Andrés Avilés Arteaga, nació con un grave pecado capital: la desfinanciación. Aun así, se comercializaron apartamentos entre $400 y $600 millones, con entregas pactadas para 2015 que jamás se concretaron. La suspensión definitiva de las obras en 2018 confirmó lo que ya era evidente para los afectados, en vista de que no había respaldo económico ni planeación responsable. El retiro del banco financiador, Colpatria, al detectar la falta de músculo financiero, fue la señal de alerta decisiva que lamentablemente llegó demasiado tarde para los compradores.

Ahora bien, si la conducta de la firma constructora resulta reprochable, el rol de Alianza Fiduciaria S.A. agrava este desafortunado asunto. La fiducia, concebida como un mecanismo de protección, falló —increíblemente— en su deber esencial de custodiar y administrar con diligencia los recursos de los compradores. Así lo determinó la Superintendencia Financiera de Colombia, que hace unas semanas, como lo reveló EL HERALDO, ordenó la devolución del dinero invertido a 27 familias que han resistido esta extensa y desigual batalla judicial.

La decisión cuestiona con severidad, era de esperarse, la actuación de Alianza Fiduciaria como gestora y vocera del patrimonio autónomo. Y en ese sentido, acredita su inacción, omisiones y falta de profesionalismo por no evaluar la capacidad técnica ni financiera del constructor, autorizar giros sin control ni soportes, no verificar el punto de equilibrio del proyecto y fallar en el deber de información a los compradores sobre cambios estructurales.

La histórica sanción marca un antes y un después en la responsabilidad del sector fiduciario con la ciudadanía. No se trata solo del monto de la decisión —$8.441 millones en fallo de primera instancia— ni de que sea la condena económica más alta registrada contra una fiduciaria en el país. Lo verdaderamente trascendente es el mensaje que envía al señalar que esta es una actividad profesional con deberes reforzados de diligencia, control y protección del ahorro ajeno, lo cual no se ajustó a la realidad que enfrentaron los estafados.

Buena parte de ellos quedaron en el camino, no por falta de razón, sino por agotamiento económico y emocional. El fallo es inédito y necesario, sí, pero insuficiente frente al daño causado. Torres del Cielo ratifica que cuando falla la supervisión adecuada y se relativizan las responsabilidades, en ocasiones por las presiones de intereses fraudulentos, el costo del desastre lo terminan asumiendo los ciudadanos.

¿Cuántos casos similares no conocemos a diario e inexplicablemente, las estafas de compradores o clientes se repiten como si nada? Más allá del alivio individual que supone para los afectados la devolución de su dinero, el precedente de la Superfinanciera concita el interés general. En el mercado inmobiliario, en el que la confianza es el activo esencial, tolerar la laxitud fiduciaria equivale a normalizar despojos. La sanción recuerda que el daño alcanza dimensión social sin controles diligentes.

El alcance del fallo trasciende el caso. A partir de ahora, el sector fiduciario enfrenta un estándar de mayor exigencia que le obliga a evaluar con más rigor y ética a los constructores para verificar la solidez financiera de los proyectos y, bajo esa lógica, actuar de manera oportuna cuando los riesgos se materializan. Para el mercado inmobiliario, la señal es igualmente contundente a fin de que se asegure protección real del comprador de vivienda, cuya confianza no puede seguir sosteniéndose, como hasta hoy, en promesas sin respaldo.

En EL HERALDO vigilaremos que la ejemplarizante sanción se cumpla. El resto de la sociedad debería hacer lo mismo para reafirmar que la protección del ahorro es de interés público y que su vulneración tendrá consecuencias efectivas. Esta es una victoria reparadora para las familias de Torres del Cielo que, además, renueva la confianza en la justicia administrativa y en la posibilidad de que se cierren las historias de frustración de tantas familias en igual condición. Y ese es, sin duda, el verdadero valor del precedente que hoy se sienta en el país.