Congelar $636 mil millones de vigencias futuras para la APP del canal del Dique no es una decisión administrativa inocente del Gobierno nacional. Que nadie se equivoque a la hora de interpretar el verdadero alcance de la medida del Ministerio de Hacienda. Estamos ante otra irresponsable apuesta del Ejecutivo por inacción, de consecuencias impredecibles para el Caribe colombiano, si es que no se ejecuta la obra concebida para proteger miles de vidas, restaurar ecosistemas degradados y garantizar el desarrollo sostenible de nuestra región.

Entre el ruido electoral, la supuesta lógica aplastante de las amenazas del jefe de Estado por la emergencia económica o la debacle de la salud, por no hablar del revanchismo cainita de su gabinete, la Colombia —que acusa hartazgo— parece desentenderse del incierto futuro de proyectos de interés nacional y estratégico, como la APP del canal del Dique. No está de más insistir en que esta es la obra ambiental y de infraestructura más importante del país y, en particular, es vital para 1,5 millones de habitantes de Atlántico, Bolívar y Sucre.

En su urgencia de ‘cuadrar caja’, el Gobierno le impone a la región un desproporcionado e injusto castigo. Con el tijeretazo de $636 mil millones de vigencias futuras —el 83,6 % del total de lo contemplado para 2025—, se pone en riesgo la seguridad hídrica, ambiental y social de las comunidades ribereñas de este brazo del río Magdalena y de los ecosistemas mixtos del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, ubicados en Bolívar.

Las alertas no provienen de voces aisladas, desconocidas o neófitas en la materia. La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) estima que el recorte, decidido de forma unilateral, lo cual no es un asunto irrelevante, desconoce las reglas fijadas por el mismo Ejecutivo y fractura la confianza jurídica que sostiene el modelo de asociaciones público-privadas en nuestro país. Eso por un lado. A su alarma se suman las preocupaciones de las autoridades del Atlántico, Cartagena y de la RAP Caribe, que lamentan cómo años de planeación técnica, concertación social y consultas previas están a punto de ser borrados por la actual decisión.

Aunque es la advertencia de la Contraloría General de la República la que enciende todas las alarmas. Desfinanciar la APP del Dique, dice, constituye una amenaza real de riesgos fiscales, señalados desde el 2025, como lo ha registrado EL HERALDO. Habla de la contradicción entre los decretos emitidos por el propio Gobierno sobre las vigencias futuras y asegura que modificar de forma unilateral las condiciones contractuales puede derivar en intereses moratorios y remuneratorios, demandas por incumplimiento, afectaciones al cierre financiero del concesionario e, incluso, una eventual terminación anticipada del contrato. Así las cosas, si el proyecto se cae, el daño fiscal —paradójicamente— sería mayor que el ahorro buscado para proteger las finanzas públicas. La cura, peor que la enfermedad.

Ahora, volvamos a un punto inobjetable. Es incoherente que un Gobierno que se precia de reivindicar la protección ambiental y el ordenamiento alrededor del agua ponga en jaque un proyecto de $3,1 billones, planeado para prevenir inundaciones, restaurar ecosistemas estropeados, proteger cuerpos de agua estratégicos, mitigar la sedimentación que afecta ciénagas, manglares y zonas marinas sensibles, y evitar que se repitan tragedias, como la de 2010, que dejó 100 mil damnificados. No hacer nada implica prolongar el deterioro ambiental, comprometer la biodiversidad y profundizar un daño que luego será más costoso —y quizás imposible— de revertir. Y aunque optimizar recursos es legítimo, también lo es acudir a mecanismos jurídicos para hacerlo sin violar contratos ni generar incertidumbre.

El proyecto del canal del Dique no es un capricho regional ni una obra aplazable por tiempo indefinido. Es garantía de vida, desarrollo y estabilidad para el Caribe colombiano. No debe ser usado como una moneda de cambio por este ni por ningún Gobierno. Congelar sus recursos les dice a los inversionistas: ¡Huyan! Además, debilita la confianza institucional y expone a la Nación a riesgos fiscales innecesarios. El Ejecutivo aún está a tiempo de corregir su rumbo, honrar sus compromisos y demostrar que la responsabilidad fiscal no puede sostenerse a costa del futuro de una región que merece mucho más que su usual irrespeto.