El Gobierno Petro deshoja la margarita a la espera de conocer la decisión unilateral de Estados Unidos sobre el desempeño de Colombia en su lucha contra las drogas. Pese a que el país ha sido certificado, año tras año durante las últimas tres décadas, el viento en contra, que desde el norte ha soplado con fuerza tras el comienzo de la segunda era Trump, augura un cambio de rumbo. Aunque, bueno, con el impredecible mandatario nada es descartable.

En consecuencia, uno de los más probables escenarios es el de una descertificación plena. Ese sería el peor de los mundos por las severas sanciones a las que daría lugar. Desde cancelación de visados hasta restricciones en el financiamiento con la banca internacional, imposición de aranceles y congelamiento de activos o de beneficios comerciales, pasando por la suspensión total e inmediata de los programas de asistencia en sus distintos frentes.

En el terreno minado de la especulación, también se baraja la opción de una descertificación con waiver o exención por interés nacional vital. Estados Unidos, el proveedor de recursos que oscilan entre los USD $450 y USD $350 millones de dólares anuales, hace pública su desaprobación sobre la manera como Colombia combate el narcotráfico, pero -al final- mantiene su cooperación económica, militar y comercial con su aliado más importante en el vecindario. Señala, no castiga, pero sí condicionaría su ayuda al cumplimiento de tareas.

Es cierto que la decisión del Departamento de Estado se sustenta en criterios de evaluación medidos por resultados en reducción de cultivos ilícitos, interdicción, control de tráfico y extradiciones, con los que Washington verifica el nivel de colaboración o compromiso de los países receptores de su asistencia. A muchos no les gusta, por considerarla intrusiva en la soberanía de una nación. Sin embargo, esas han sido desde siempre las reglas de juego de un mecanismo que tuvo origen en la Ley de Asistencia de Extranjería de 1961, modificada en posteriores normas que han dado piso legal a los programas de cooperación de EE. UU.

Más allá de los ideologizados choques entre los presidentes Petro y Trump o entre Petro y el secretario Rubio, que derivaron en prescindibles crisis e incidentes diplomáticos a lo largo del año que, sin duda, erosionaron el notable grado de confianza de una relación de más de 200 años, factor que le añade un contexto de peso político al proceso de certificación, no es posible ir en contravía de lo evidente. Colombia no ha hecho con suficiencia sus deberes.

Cada vez hay más hectáreas sembradas con coca y se procesa más cocaína. El reciente Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU indica que Colombia concentra el 67 % de los cultivos globales de hoja de coca, con un aumento de 53 % en la producción del alcaloide. Con un incremento tan alarmante, efecto de una erradicación manual de escaso impacto, no extraña que las incautaciones crezcan. Cabría preguntarse si los grandes actores de la cadena de esta industria criminal están siendo realmente afectados, porque el negocio va viento en popa. De hecho, la expansión de estructuras del crimen organizado, su absoluto control en las zonas de alto rendimiento es un indicativo de la fortaleza de la actividad ilegal.

Luego está el tema de las extradiciones. Indiscutiblemente, esta estrategia de cooperación judicial con Estados Unidos se ha mantenido vigente durante el actual gobierno. Aunque en algunos casos han saltado las alarmas por suspensiones que causan preocupación, cuando se trata de miembros de grupos que son parte de negociaciones de la política de paz total.

El último factor que pesaría y mucho en una eventual descertificación de Colombia es la cercanía del presidente Petro con el dictador de Venezuela. Washington no es indiferente, ¿quién podría serlo?, a la estrecha relación del mandatario, de su entorno, con Nicolás Maduro, el señalado jefe del ‘Cartel de los Soles’, que Trump califica de ser una organización narcoterrorista, al punto de tenerlo en la mira con su despliegue naval en el sur del Caribe.

Pase lo que pase, y a estas alturas la suerte está echada, Estados Unidos no debería perder de vista el enorme sacrificio de nuestra Fuerza Pública que a diario le pone el pecho a las mafias del narcotráfico en Colombia. Petro ya está de salida. Quien lo suceda, si es que se deciden sanciones, tendrá que lidiar con ellas, pero será principalmente la gente de a pie la que afrontará las secuelas de la descertificación en temas de turismo, cooperación bilateral, inversión extranjera, riesgo país y un largo etcétera con potencial de contagiarlo casi todo.

Amanecerá y veremos el alcance del anuncio que este lunes hará la Casa Blanca y frente al cual, sea el que sea, se necesitarán rigor, cabeza fría, tacto y diplomacia, habilidades que, a decir verdad, no son los fuertes de nuestros actuales dirigentes.