La escalofriante noticia de que Sudán había derribado un avión emiratí supuestamente repleto de mercenarios colombianos armados hasta los dientes confirmó que el entramado empresarial de contratación de exmilitares para los conflictos globales continúa operativo.

Aunque horas después, Emiratos Árabes Unidos negó el hecho, el escándalo no cesó debido a los antecedentes de un episodio tan confuso. El Gobierno militar de Sudán, país africano inmerso en una guerra que ha derivado en una pavorosa crisis humanitaria desde abril de 2023, ha denunciado en reiteradas ocasiones que mercenarios colombianos combaten con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la caótica región de Darfur que se encuentra bajo su dominio. Y lo hacen, de acuerdo con las pruebas que aseguran tener “patrocinados y financiados por Abu Dabi”, grave acusación que este niega con rotundidad.

Al margen del incidente que el presidente Petro pidió a la embajadora de Colombia en Egipto esclarecer para determinar la identidad de quienes habrían fallecido, la cuestión es que Sudán es tan solo un país más de la extensa lista de naciones, en las que los antiguos integrantes de nuestras fuerzas armadas, reclutados por compañías de seguridad, brindan sus bien cualificados servicios. Bien sea peleando al lado de ejércitos irregulares, bien sea entrenando o prestando algún tipo de formación y asistencia técnica a grupos de crimen organizado, como ocurre en México, donde hacen parte de las estructuras del narcotráfico.

Aunque el asunto no es novedad, de esto se habla desde hace más de 15 años, sí preocupa que su presencia, cada vez más numerosa o evidente, se asocie al recrudecimiento de la violencia, caracterizado por un poder de fuego intensificado, según análisis de expertos. Este es un grave problema, en el que caben los peores escenarios, que debe convocar una estrategia multilateral para tratar de ponerle fin. Un buen punto de arranque podría ser una acción conjunta de cooperación entre Colombia y México, en virtud de que sus presidentes, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, son cercanos y tienen canales de comunicación activos.

Ciertamente, el mercenarismo colombiano, que parece estar en estos momentos fuera de control, se ha convertido en el ‘escampadero’ de los veteranos de las fuerzas armadas, sobre todo de militares, que luego del retiro de sus instituciones reciben remuneraciones o pensiones tan bajas que no les alcanzan para mantener a sus familias. Su entrenamiento de altísimo nivel, de años de experiencia en lucha contrainsurgente, contra el narcotráfico u organizaciones criminales, apetecido por reclutadores profesionales –generalmente sus antiguos compañeros o superiores-, los sitúa en un riesgoso mercado de fichajes en el que son ofrecidos al mejor postor a cambio de un salario en dólares, que a veces no es tan real.

Como no todo lo que brilla es oro, muchos excombatientes terminan engañados, en sitios no deseados, con una paga que no fue la acordada o participando en operaciones suicidas, como la del magnicidio del presidente de Haití en el 2021. Son incontables las familias de mercenarios colombianos que desconocen si su ser querido está muerto, preso o si volverá alguna vez. Es el precio a pagar por una actividad en extremo riesgosa, sin garantía alguna.

Entre 60 y 300 exmilitares colombianos habrían muerto en Ucrania. Ni siquiera la Cancillería tiene certeza del dato oficial. Y hasta Rusia, el invasor, se ha quejado de la cantidad de nacionales peleando del lado de Kiev. Guerras que se libran a miles de kilómetros de casa.

Quiere el presidente Petro prohibir la captación de mercenarios, vía proyecto de ley radicado en el Congreso. La iniciativa apunta a que Colombia ratifique la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. Se nos ha hecho algo tarde. Y aunque la intención de restringir el reclutamiento es buena se requerirá más que una norma para hacer desistir a los exmilitares de la jugosa puja por sus servicios. Indispensable, ofrecer garantías dignas de vida y mejores condiciones económicas para su retiro.