Pasan los meses, también los fenómenos de variabilidad climática en el país, sin que las soluciones definitivas para disipar la tormenta perfecta de la inminente crisis estructural de energía eléctrica y gas natural, que más temprano que tarde podría comprometer nuestra seguridad y soberanía energética, terminen de acordarse, concretarse o de ponerse en práctica.

Lo más desconcertante es que el Gobierno nacional, al que le cabe la responsabilidad política de actuar con escrupulosa precisión técnica, no solo se está quedando sin margen de maniobra para actuar de manera oportuna ante una eventual interrupción de servicios o incremento de tarifas, sino que el propio presidente Gustavo Petro insiste, cada vez que encuentra oportunidad, en enviar señales contradictorias con mensajes, incluso estigmatizantes para agentes del sector, inversionistas, calificadoras de riesgo y, en últimas, para los usuarios, que podrían convertirse en las víctimas colaterales de una situación advertida con insistencia durante los últimos tres años.

Desestimar el histórico hallazgo de gas en Sirius, el promisorio proyecto costa afuera en el Caribe, o convocar a Ecopetrol a que exorcize su vocación petrolera y gasífera para migrar a la inteligencia artificial, una industria ciertamente contaminante por su consumo excesivo de energía, dos de las más recientes perlas del jefe de Estado, son afirmaciones preocupantes que alimentan el relato de que el Ejecutivo no hace lo suficiente para superar el déficit energético, porque no le interesa lo que suceda o porque carece de capacidad o competencia para resolverlo.

Afrontamos, de acuerdo con los gremios del sector, Asocodis, Acolgen, Andesco, Andeg, Naturgas y SER Colombia, una situación dramática, pero sobre todo inédita en los últimos 30 años por un déficit de gas de 12 % en la demanda nacional, a partir del 1 de diciembre cuando venzan los contratos de compra y venta. También por la estrechez cada vez más acuciante de energía en firme desde el 2025. Dicho de otra forma, estamos al borde de una caída libre que puede ser letal.

Máxime, porque en lo sucesivo cualquier demora adicional en la toma de impostergables decisiones de política pública terminarán pagándose el doble. Sin medidas regulatorias para comercializar e importar gas destinado a cubrir la demanda de hogares, vehículos, comercio e industria, ni acelerar el desarrollo de proyectos de exploración, producción local e infraestructura de transporte requerida, el tiempo para conjurar la contingencia se agota. Es de sentido común.

De manera que operar al límite por la escasez, como asegura Promigas, añade riesgos adicionales. Es inevitable que la terminal de importación y regasificación de gas natural licuado Spec, ubicada en Cartagena, la única del país, entre cinco días a mantenimiento programado, a finales de octubre, con lo cual las térmicas que se abastecen de ella, como Tebsa, están haciendo “lo que sea y como sea”, dice Andeg, para conseguir el gas que les permita continuar generando, so pena de que se registren racionamientos en el Caribe. ¿Pánico energético? No. Únicamente certezas.

Sobre el capítulo de Air-e los gremios hacen inquietantes advertencias, casi todas alertan sobre eventuales incumplimientos de sus obligaciones financieras con el mercado tras la intervención, lo que agravaría su crisis en Atlántico, La Guajira y Magdalena, por atrasos en pagos que superan los $500 mil millones, impactando a todo el sector. Claro que para incumplimientos los del Gobierno nacional que les debe cerca de $7 billones a comercializadoras por subsidios otorgados a los usuarios de estratos 1, 2, y 3, saldos de la opción tarifaria más deudas de entidades oficiales.

Con tantos frentes abiertos, cuestiones por resolver y deudas por cubrir, el Ministerio de Minas parece dar vueltas en un mismo punto, atrincherado en sus posturas de acción-reacción, en vez de hallar de manera conjunta salidas a las crisis del sector e insistiendo en que todo lo que ahora encara es falla del modelo de mercado o el resultante de problemas heredados. Eso no está en discusión, sino cómo estructurar una intervención tan oportuna como efectiva ante hechos incontestables como el discreto nivel de los embalses, que exige medidas de ahorro apremiantes.

No es la primera vez que los gremios levantan la mano para proponer acciones que el ministerio desestima, mientras se aferra a su método de hacer las cosas que, a decir verdad y lo sabemos de sobra en el Caribe, encalla con facilidad. Por el bien común, confiemos en que acierten con medidas realmente transformadoras que eviten que Colombia se precipite al abismo del desabastecimiento de energía. Estamos en sus manos ministro Camacho, lidere sin negacionismo.