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El acoso sexual, inaceptable conducta de violencia física o verbal, no deseada, ofensiva e intimidante para las víctimas, también forma parte de la realidad cotidiana de las universidades de Barranquilla. Como sucede en los ámbitos laborales, sociales e incluso familiares, el entorno académico no logra desmarcarse del habitual machismo estructural que invisibiliza este tipo de repudiables situaciones contra las que casi nunca se actúa con la contundencia deseada, lo que incrementa la vulnerabilidad de las estudiantes afectadas. Que quede absolutamente claro: para los acosadores no debe existir amparo ni tolerancia.
Por desconocimiento, miedo o vergüenza, el silencio termina imponiéndose en el interior de las universidades, donde se perciben preocupantes actitudes permisivas hacia insinuaciones desagradables, gestos obscenos, peticiones de favores sexuales, tocamientos indebidos, hostigamientos o persecuciones que afrontan las estudiantes y profesoras por parte de docentes y compañeros. Lamentablemente, el sistema jerarquizado de la academia, al igual que el del resto de la sociedad, facilita la reproducción de patrones androcéntricos, en los que la mirada masculina se impone como la única posible, favoreciendo la aceptación de comportamientos que, en muchos casos, constituyen delitos que quedan impunes.
Sin ser capaces de identificar o detectar las situaciones de acoso sexual que padecen porque los centros universitarios no suelen formar a sus estudiantes en estos conceptos ni en estrategias de prevención e intervención, las víctimas corren el riesgo de normalizar las conductas indeseadas, minimizando su alcance o confundiéndolas con interacciones sociales de corte romántico. Cuando reaccionan e intentan denunciar o simplemente buscan respaldo de catedráticos o superiores, se estrellan contra insalvables barreras discriminatorias que alimentan sentimientos de frustración e indignación en las, directamente, afectadas. Mientras, en el resto de la comunidad educativa crece la desconfianza, al punto de considerar a sus alma mater como espacios no seguros, en los que ni siquiera vale la pena denunciar por la falta de respaldo institucional.
Urge poner fin a la cultura de violencia sexual que se ve reforzada por las inadmisibles complicidades o tolerancias de las universidades con los acosadores. Cada vez que sus directivas o docentes ocultan o niegan la ocurrencia de graves episodios de este tipo para mantener, a toda costa, su reputación e imagen, envían un perverso mensaje de aceptación o permisividad frente a la cínica manera de obrar de estos individuos. También lo hacen cuando ignoran o silencian a quienes se rebelan ante los recurrentes desequilibrios de poder machista que protegen al más fuerte. No solo es un duro golpe a las víctimas, también naturaliza la existencia de delitos que perviven por la ausencia de consecuencias para quienes los cometen: el profesor denunciado formalmente que continúa dictando clases como si nada o el estudiante que cometió un abuso sexual, pero ni se inmuta. En tanto, las víctimas no levantan cabeza.
Lo que pasa en las universidades de Barranquilla también es con todas nosotras. El tiempo de la impunidad debe llegar a su fin. Con mayor determinación, nuestros centros académicos tienen que asumir, sin excusas ni rodeos, la relevancia de su misión formadora en los cruciales asuntos de igualdad de género, una lucha que requiere absoluta unidad. Su compromiso para acompañar a las víctimas, posicionándose contra los acosadores, sean quienes sean, pero sobre todo sancionándolos de manera ejemplar, tiene que convertirse en una labor irrenunciable, permanente y efectiva. Sin políticas claras contra estas conductas discriminatorias e hirientes, no será posible cerrar el cerco sobre los abusadores ni restaurar la confianza perdida en el interior de los claustros donde las víctimas deben sentir que no están solas.
