El advenimiento de nuevos actores políticos al proceso electoral colombiano debe ser una apertura democrática a sectores cuya participación era nula. No ha sido así. Todo porque esos sectores buscan remplazar las viejas estructuras políticas y la resistencia al cambio ha sido de violencia extrema con un alto riesgo para la participación de los candidatos en los comicios, y por supuesto, de los ciudadanos.
Parece que las bandas criminales sienten a muchos de los aspirantes como una amenaza y la reacción ha sido violenta y cruel. Cada día surgen nuevos hechos, y como bien lo publicó un detallado informe de EL HERALDO, a un poco más de un mes de las elecciones, siete candidatos a cargos han sido asesinados y se conocen 22 atentados por violencia política. Desafortunadamente las cifras van in crescendo: 402 municipios y 16 áreas no municipales tienen algún riesgo.
El gobierno se ha manifestado contra esta situación, pero no es suficiente la intensión. Urge por el bien de la democracia garantizar la seguridad de quienes aspiran a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y Juntas Administradoras Locales.
Desde los años 50, cuando la violencia política arrasó con miles de vidas en los campos colombianos por el enfrentamiento entre conservadores y liberales, no se recuerdan casos como estos, excepto cuando la guerrilla y el paramilitarismo infiltró elecciones para imponer candidatos o impedir las jornadas electorales. Se esperaba que la firma del Acuerdo de Paz con las Farc cerrara la alteración del orden público en estas épocas, pero ahora los nuevos agentes de la violencia política son otros y probablemente más feroces.
Después del Acuerdo, en 2018 las elecciones presidenciales fueron calificadas como las “más pacíficas del país”. Ahora se conoce la existencia de algunas poblaciones remotas porque aparecen registradas por las nefastas noticias de las muertes de algunos de sus candidatos, elegidos con antelación por las balas asesinas de los grupos criminales.
Es hora de asumir con mayor vehemencia la defensa de la democracia por parte del gobierno, de acuerdo con los análisis de la Misión de Observación Electoral y la Defensoría del Pueblo. En la Región Caribe 11 municipios en Bolívar y cuatro en Córdoba están en riesgo extremo. Otros 12 municipios de Bolívar, siete en Sucre, 15 en La Guajira, uno en Cesar, ocho en Córdoba y nueve en Magdalena están en la categoría de riesgo alto. Cinco municipios en Bolívar, 19 en Sucre, 13 en Cesar, uno en Córdoba, 13 en Atlántico, 3 en Magdalena y uno en San Andrés están en riesgo medio.
El diagnóstico determina que la almendra del problema está en el dominio del territorio por parte de bandas narcotraficantes. No hay violencia de origen ideológico, lo cual también es rechazable, ahora es netamente criminal.
