El anuncio de la captura de otros 14 integrantes del Ejército y la Armada, presuntamente involucrados en un escandaloso caso de corrupción alrededor del sistema de ascensos, alertó a la ciudadanía que sigue atenta a este y otros casos que salpican la reputación de una de las instituciones más valoradas por los colombianos.

La Fiscalía les imputó a los acusados cargos por diversos delitos, acusándolos de integrar una red que alteraba el sistema de talento humano de ambas fuerzas con el fin de acelerar los retiros de los uniformados a cambio de una tarifa preestablecida.

La gravedad de este hecho pone en tela de juicio –gracias a las conductas reprochables de algunas manzanas podridas– la reputación de todas las Fuerzas Armadas, una percepción pública que solo se puede recomponer si la Justicia captura y condena a los culpables, y si los altos mandos se comprometen a continuar, como lo han hecho hasta ahora, a consolidar los mecanismos necesarios para que estas actuaciones delictivas no se repitan.

Por ninguna razón se puede permitir que el respaldo incondicional que la opinión pública le ha otorgado, con mucha razón, a los militares y polícías que han arriesgado sus vidas por el país, se menoscabe, porque la legimitidad del Estado solo es posible si sus Fuerzas Armadas gozan del apoyo y el afecto de los ciudadanos, ganados con esfuerzo, compromiso y honestidad. No hay nada más peligroso para un país que una fuerza pública desprestigiada.

Es necesario que los esfuerzos gubernamentales que buscan erradicar la corrupción de todas las esferas del Estado también se dirijan hacia el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, que son fuerzas conformadas en su gran mayoría por hombres entregados a su servicio público, pero que, desafortunadamente, no son infalibles, y pueden –como se viene demostrando– caer en episodios de corrupción.

La sociedad no puede ni debe cambiar la imagen positiva acerca de sus Fuerzas Armadas; por el contrario, la rápida acción de la Justicia y la voluntad de los oficiales al mando de corregir de inmediato cualquier brote delictivo, es garantía de que nos encontramos frente a casos aislados y no, como se atreven a afirmar algunos, ante el desmoronamiento moral de dichas instituciones.

En momentos de crisis es preciso renovar nuestros votos de confianza en este grupo enorme de hombres y mujeres que lo han dado todo por la sociedad a la que juraron proteger en tiempos de conflicto, y que lo seguirán haciendo cuando la paz se consolide en Colombia.