El Heraldo
Opinión

Dialogar y sin perder clases

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y miles de estudiantes de las universidades públicas y privadas, agrupados en lo que han denominado la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, están trenzados en un agitado pulso en torno al proyecto de reforma a la Ley 30 (o Ley de Educación Superior) que cursa en el Congreso de la República.

Lo que ha desatado el polvorín es la intención del Ejecutivo Nacional de enfrentar el crónico déficit presupuestal de la generalidad de las universidades públicas, mediante el incremento de sus ingresos a fin de mejorar en términos de cobertura y calidad.

Ante la resistencia de los rectores de las principales universidades y la movilización masiva del estudiantado, el Gobierno decidió retirar los artículos controversiales del proyecto de ley. Sin embargo, los universitarios sostienen, en una carta enviada al presidente Santos, que en varios artículos se mantiene la pretensión gubernamental de introducir la filosofía del ánimo de lucro en la educación superior pública, y han anunciado que el 12 o 13 de noviembre presentarán una propuesta alternativa al texto de reforma a la educación universitaria del Gobierno Nacional. Dicho anuncio no podría tener mejor recepción por parte de la opinión pública nacional, pues demuestra que las partes supuestamente afectadas están dispuestas a seguir la ruta que les proporciona la institucionalidad.

Lo malo es que, en el entretanto, se mantenga la parálisis académica en las universidades estatales y en algunos programas de universidades privadas que se han sumado solidariamente al movimiento estudiantil.

Nos parece, por supuesto, que el estudiantado universitario —como lo ha hecho el de Chile para oponerse a un mayor reajuste de los costos educativos por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera— tiene todo el derecho a la legítima protesta, que, salvo algunas escaramuzas y hechos aislados de violencia, ha transcurrido con ingredientes artísticos muy ingeniosos y llamativos.

Pero creemos que los jóvenes deberían reconsiderar la decisión de un paro que afecta la normalidad académica y pone en serio riesgo la culminación del actual semestre. Perfectamente el movimiento puede proseguir, retornando a clases y manteniendo la interlocución con el Gobierno a través de las vocerías de esa mesa nacional que agrupa el movimiento. Un paro indefinido y desgastante puede volverse contra el mismo movimiento, y en lugar de provocar la adhesión de amplios sectores de la sociedad —como ha ocurrido en Chile— podría generar rechazo y conducir la protesta al aislamiento.

Además, es indispensable que el diálogo facilite el acercamiento entre las partes y la búsqueda de posibles acuerdos. Compartimos que tiene que haber una amplia deliberación en torno a la reforma a la educación y que esta no puede imponerse a la brava, pasando por encima de lo que piensan los estamentos fundamentales de la universidad colombiana y la sociedad en general. Y confiamos en que eso pueda ser factible, pues el estilo del gobierno de Santos ha sido construir consensos, escuchar al país, evidencia de lo cual fue la forma contundente como hace poco echó atrás —enviando un buen mensaje— el proyecto del hotel siete estrellas en el Parque Tayrona.

Este movimiento universitario debe huir, por tanto, de cualquier forma de radicalismo y buscar más bien el escenario del debate, de la presentación de argumentos, de fórmulas alternativas, como la que anuncia dará a conocer en próximos días, y todo ello puede darse en medio de la normalidad académica, sin perjudicar a estudiantes que por su bajo nivel económico y su situación familiar no pueden darse el lujo de perder tiempo precioso en la vida. Toda esta discusión debería servir para que el país hiciera un completo diagnóstico sobre la educación superior, para establecer, en un diálogo muy democrático, cuáles son las mejores alternativas frente a los problemas de cobertura que tienen a 3 millones de jóvenes por fuera del sistema, y para avanzar en calidad, a partir de tener muy claro que es central para el desarrollo del país contar con un sistema universitario de un alto nivel de excelencia, accesible a todas las clases sociales, pero al mismo tiempo sostenible, presupuestalmente viable.

Pensamos que para lograr este nuevo e indispensable diseño de la educación superior necesitamos un escenario de negociación y consensos, y no una disputa larga y estéril. Esperamos que el presidente Santos, la ministra María Fernanda Campo y el Congreso propicien también –como Estado– la discusión con los estudiantes, y tienen estos también que despojarse de toda intransigencia, y estar dispuestos a escuchar y a aceptar los puntos buenos de la reforma del Gobierno. Se trata de que las partes se pongan de acuerdo sobre lo posible, porque los diálogos alrededor de lo imposible solo conducen al enfrentamiento inevitable, y ahí no ganaría ni el Gobierno ni mucho menos los estudiantes y el conjunto de la sociedad colombiana.

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