Tal y como estaba previsto que ocurriera, el presidente de la República Gustavo Petro firmó el nuevo decreto del aumento del salario mínimo y lo mantuvo en 2 millones de pesos, es decir, 23,7%, misma cifra que anunció en diciembre de 2025.
Desde la Plaza de Bolívar, y luego de las movilizaciones en varias ciudades del país en defensa del “salario vital”, el jefe de Estado firmó la normativa que mantiene el aumento, pero aclaró que el documento enviado al Consejo de Estado está sustentado en “estudios técnicos científicos de la economía clásica en Colombia”.
“No quise sobrepasarme, es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025”, añadió.
Al respecto aseveró: “Metimos los estudios de productividad laboral, de canasta mínima vital, todos los que pidieron, y ahora tenemos el nuevo decreto; el salario mínimo legal mensual vigente es el mismo que decretamos en diciembre del año 2025, no echamos para atrás (...) tendrá que avanzar con el dato completico(...)este año habrá más productividad”.
¿Qué sigue ahora?
A la espera de que el Consejo de Estado confirme la recepción del decreto transitorio, las empresas deberán seguir pagando el salario mínimo legal vigente, que se mantiene en 2 millones de pesos. Así las cosas, los empleadores no deberán ajustar sus estructuras salariales ni tampoco las obligaciones asociadas.
Una vez esta Corporación estudie el decreto transitorio y establezca que efectivamente cumple con los lineamientos requeridos en su momento cuando se suspendieron los efectos del decreto expedido en diciembre de 2025, se emitirá el fallo final, pero esto podría tardar varios meses.
Así las cosas, el Consejo de Estado deberá estudiar de fondo la legalidad del decreto y si este contiene los datos técnicos de rigor solicitados por el mismo alto tribunal. Posteriormente deberá proferir la sentencia que lo mantenga o lo anule.
Si la decisión del Consejo de Estado es anular el decreto firmado por Petro, los salarios que ya fueron pagados por este monto no sufrirán ningún cambio y el ajuste sería para los futuros pagos.
Respecto al techo jurídico de este nuevo decreto, esta normativa estaría blindada debido a que se expidió luego de que se convocara la Comisión Tripartita y, de acuerdo con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, gremios y trabajadores estuvieron “de acuerdo en mantener el aumento del 23,7%”.
“Hemos constatado que del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7 % vigente hoy. En igual sentido se pronunciaron las centrales sindicales”, explicó en su momento Sanguino.
Así las cosas, el aumento que se mantiene en este nuevo decreto habría tenido el visto bueno de la Comisión Tripartita.
