Tras meses de tensa espera, el expresidente Álvaro Uribe compareció el martes ante la Corte Suprema para responder por presunta manipulación de testigos, en un caso que guarda relación con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas de Córdoba y Urabá.
Tras una extenuante indagatoria de ocho horas, el exmandatario no fue ni enviado a prisión, como anhelaban sus detractores, ni absuelto, como exigían sus fieles. En un trino, la Corte anunció que Uribe quedaba “formalmente vinculado” al proceso, lo cual significa que existen pruebas que aún pueden enredarlo, pero que, al menos en este momento, resultan insuficientes para privarlo de libertad.
Encausar al expresidente no será tarea sencilla. Los magistrados deberán tener pruebas fehacientes de que él ordenó o dio su aquiescencia a unos intentos de soborno a exparamilitares presos para que testificaran a su favor ante el alto tribunal.
Su abogado Diego Cadena ha sostenido una y otra vez que él no pagó a nadie con el fin de que cambiara de testimonio, sino que ayudó económicamente a familiares de algunos testigos que se lo solicitaron, lo cual, según alegó, no sería un delito. Pero, por encima de todo, aseguró que hizo esos pagos sin el conocimiento de Uribe.
En esa misma línea, el expresidente reconoció ante la Corte que sí autorizó contactar a los testigos, pero con el propósito de que “contaran la verdad” y “corroborar información”, no para que torcieran el sentido de sus declaraciones. Y aseguró que desconocía los pagos hechos por el abogado Cadena.
Formalmente, los magistrados disponen de 10 días para tomar una decisión sobre el futuro procesal de Uribe. Pero expertos sostienen que será necesario ampliar ese plazo debido a la complejidad del expediente.
Ahora bien: quizá lo más importante de la indagatoria del martes no fue su desenlace jurídico –como se ha dicho, sigue la larga espera–, sino el clima social en que discurrió una audiencia que se presagiaba tempestuosa. Las manifestaciones convocadas por partidarios y detractores del expresidente no lograron congregar multitudes, y el propio Uribe contribuyó a atemperar los ánimos al elogiar el modo en que se desarrolló la indagatoria.
El hecho de que la decisión de la Corte no fuera ni prisión ni absolución ayudó, por supuesto, a que los ánimos no se desbordaran. Lo que cabe desear es que impere la misma calma cuando llegue la hora de la verdad y el tribunal defina la suerte procesal del exmandatario.
En resumen: ni grandes manifestaciones, ni tormenta política, ni desenlace judicial. Alguien podría concluir que el martes, contra todo pronóstico, no pasó nada. Y en realidad pasó mucho: fue un día tranquilo.
