A las 17 horas y 14 minutos en punto arrancó el miércoles la celebración de la Diada, la fiesta nacional de Cataluña. Los independentistas han creado todo un ritual para conmemorar la toma de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 por parte de las tropas borbónicas. Barcelona fue defendida por partidarios de la dinastía de los Habsburgo en la Guerra de Sucesión española. Aunque este conflicto dividió a todo el país, la mitología de los separatistas ha convertido este episodio en una supuesta guerra de España contra Cataluña que acabó en la pérdida de la mayor autonomía que disfrutaba la región.

Hace dos años, una Diada con participación masiva fue el preludio de los vertiginosos acontecimientos del octubre siguiente, con el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y la posterior declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Barcelona. El ambiente ha cambiado desde aquellos días. La mayoría de los líderes independentistas están encarcelados o han huido de la Justicia al extranjero. La celebración de ayer sirvió para medir la temperatura del apoyo a la causa en la sociedad catalana. También era el intento del movimiento independentista de llamar de nuevo a la unidad porque últimamente las grietas entre los diferentes partidos se han agrandado.

Estas discrepancias tienen mucho que ver con el próximo gran evento con el que el independentismo espera reavivar la llama separatista. Para mediados de octubre, se espera la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes catalanes acusados de rebelión y malversación de fondos públicos. En el muy probable caso de que les caiga una condena, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quiere convocar elecciones en respuesta a la sentencia. Pero Junts per Catalunya de Carles Puigdemont, el exprimer ministro huido de la Justicia a Bélgica, está en contra porque se “debilitaría a las instituciones”. Puigdemont prefiere subir el tono de confrontación con el Estado español.

Esta división se percibe también en la posición de los dos principales partidos separatistas frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. ERC se muestra dispuesta a facilitar la difícil reelección del socialista en el Parlamento, mientras Junts per Catalunya está radicalmente opuesto. Es el pragmatismo frente a la línea dura. Sánchez se niega a la principal reivindicación de los independentistas, un referéndum vinculante. En su lugar ofrece un “diálogo” para buscar soluciones al conflicto que  no solo divide la sociedad catalana, sino que marca la política en el resto del país.

En el cada vez más probable caso de nuevas elecciones en España en noviembre, no se puede descartar que lleguen al poder los tres partidos de centroderecha que han hecho del ataque a los separatistas su principal reclamo político. Con un gobierno de derechas y una sentencia dura del Tribunal Supremo aprovechada por el ala dura del independentismo para agitar mentes y corazones, estaría servido el escenario para una escalada del conflicto territorial en Cataluña.

@thiloschafer