Inicia el 2020 con la ilusión que los nuevos mandatarios realicen cambios en los diferentes municipios y departamentos que tomen medidas para el mejoramiento de la calidad de vida y la equidad, sin embargo, también seguimos con las exigencias derivadas del paro nacional que empezaron en 13 puntos y se han extendido a 104 solicitudes. Este panorama no es nada alentador cuando un porcentaje importante de las exigencias –que pueden ser legítimas- no son negociables o lo que hacen es desviar la atención sobre puntos urgentes para el país: el sistema de salud, la carga tributaria sobre las personas naturales, el cambio de doctrina de la seguridad en la protesta social y la protección de líderes y defensores de derechos humanos.

El Comité del Paro se ha equivocado en consolidar las peticiones que dieron inicio a las manifestaciones y surgieron con estas a partir del 21 de noviembre de 2019, en tanto, por buscar incluir el mayor número de solicitudes posibles han perdido la visión sobre lo estructural y la estrategia para una negociación con éxito. Por otra parte, muchas de las demandas que realizan están asociadas a una visión sociopolítica que no comparten un porcentaje significativo de los marchantes y que representan intereses partidistas que deben buscar los espacios correctos para debatirse o de lo contrario desnaturalizan el espíritu de la manifestación. Un ejemplo claro es la idea de que Ecopetrol sea 100% del Estado, sin entrar a fondo a referirme sobre este tema, este es un asunto de modelo económico que, si bien puede abordarse en las conversaciones entre el Comité y el Gobierno, debe analizarse desde el modelo económico que se acogió en Colombia con la Constitución de 1991.

Entre otras, la exigencia de que Colombia se retire de la Ocde, además de ser imprecisa pues no se ha terminado de surtir el proceso de ratificación interna y por lo tanto aún no somos Estado parte, parece basarse en el desconocimiento de la organización. Esto es evidente pues desde que Colombia inició su proceso de adhesión a la Ocde durante el gobierno de Juan Manuel Santos, los cambios en formulación de política pública fueron notables. Hubo un fortalecimiento de las entidades del orden nacional y reformas que han robustecido el régimen de libre competencia, la protección de consumidores y el gobierno digital, como también es cierto que las recomendaciones que realiza la organización a través de resultados estadísticos y cualitativos permiten que el país esté en constante autoevaluación y mejora.

Escribía esta semana el columnista de EL HERALDO Horacio Brieva que debía leerse el mensaje implícito de la protesta, coincido plenamente con esto, pero plantear un pliego de 104 puntos no es precisamente lo más estratégico para negociar las peticiones que son primordiales para la ciudadanía.

@tatidangond