Entre las múltiples razones por las que esta declaración debe ser rechazada, está el desconocimiento de las garantías procesales que merece toda persona, sin importar su nacionalidad, a la luz de los derechos humanos y la Constitución Política colombiana. Al respecto, referirse a la deportación como el mecanismo para sancionar las conductas de migrantes que cometan delitos en el territorio nacional, es atentar contra el derecho al debido proceso, del cual son titulares todas las personas ante la comisión de delitos.

Estas declaraciones desenfocan tanto al poder público como a la sociedad sobre el verdadero problema de seguridad en Bogotá y en el país, asociando a la criminalidad con una nacionalidad, dando lugar a conclusiones populistas que no responden a la realidad. Los datos lo confirman, pues tal como lo sostuvo en una reciente rueda de prensa el director de Migración Colombia, el 96% de los hurtos reportados ante la Policía Nacional han sido atribuidos a nacionales colombianos y solo el 4% a extranjeros.

Ahora, sería pertinente que ante la actual coyuntura y ante las críticas que ha recibido la alcaldesa, se aborden de forma seria diferentes puntos que hacen parte de la agenda nacional y territorial, entre estos, cuáles son los verdaderos catalizadores de la criminalidad urbana en el país, qué garantías se deben reconocer a migrantes que cometan conductas ilícitas y, finalmente, qué responsabilidad política o legal tienen funcionarios que incurran en hechos xenófobos.

También, valdría la pena hacer un ejercicio de autocrítica a la forma en la que hemos abordado la migración de venezolanos a Colombia, empezando por reconocer que en otros contextos hemos sido nosotros quienes hemos tenido que migrar a otros países por la violencia y la pobreza; muchos de los cuales han desconocido los derechos que toda persona merece y otros tantos que han abierto sus puertas para nuevas oportunidades. Actualmente hay más de 5 millones de colombianos viviendo en el exterior, muchos de los cuales han sido estigmatizados por nuestra historia de violencia y narcotráfico y que han tenido que enfrentarse a todo tipo de discriminaciones. Si la experiencia nos deja algo, es que más allá de la nacionalidad y del contexto social, debe primar la garantía de los derechos y la igualdad. Claudia López debe reconocer el error en sus palabras, toda vez que su discurso alimenta la xenofobia y la discriminación a migrantes venezolanos en el país.

Se fue un gran líder: Horario Serpa Uribe, constituyente del 91, apasionado por el Estado Social de Derecho. En el 2012 tuvo la generosidad de acompañarnos en la Fundación Santa Marta Progresa. Mis condolencias a su familia.

@tatidangond