La discusión sobre los salarios de los congresistas, que estuvo en boga esta semana por la intervención de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, en la que compara el salario de los futbolistas con el de los congresistas, está mediada por una errada concepción del servicio público y de la política en Colombia.

En un país con una tremenda desigualdad salarial y con unos índices de pobreza indignantes, no se puede tomar a la ligera que aquellos que están llamados a servir crean que la política es el medio para el enriquecimiento personal. Pero esto muestra, una vez más, en lo que se ha convertido la política en Colombia: un medio para acumular poder y riqueza, cuando debería ser un medio para servir al interés general y a la superación de los inmensos desafíos que enfrenta este país.

El tema de los salarios de los congresistas no es nuevo , e incluso hay argumentos que tendrían sentido para que sus salarios no se reduzcan; entre estos, uno tan ridículo como realista, como lo es que, en la medida en que los salarios sean mejores, habrá menos corrupción al interior de estas instituciones. Lastimosamente, dado que el problema de la corrupción no es precisamente la situación salarial de ninguno de los servidores públicos, sino la tergiversada visión del servicio público, no hay ley ni sueldo que sirva para superar lo que es un problema de cultura política que se ha afianzado en las instituciones públicas. El eje central del problema es que, en el país, la política es vista como un negocio o una inversión personal o familiar –según de quién se trate– y que, al final, después de asumir cortísimas campañas electorales, se espera recibir una rentabilidad sobre lo “invertido”.

Esto supone que quienes llegan al poder cuentan previamente con unos fondos económicos –sean propios o de un tercero– que esperan multiplicar en el sector público. Lo que tiene dos efectos negativos sobre la democracia y el Estado de Derecho: la imposibilidad de que personas capaces y con intereses honestos puedan acceder a los espacios de poder y, lo que es igualmente grave, que lo público se monetiza a favor de políticos y funcionarios y no del pueblo colombiano.

Nadie está pidiéndoles que vivan en condiciones indignas, pero con todos los beneficios adicionales de los que gozan –que solo tiene la minoría de la minoría del país–, difícilmente es defendible la tesis de que una reducción salarial afectaría su capacidad de vivir dignamente en Colombia.

A muchos políticos colombianos les hace falta entender la diferencia entre la vocación de servir y la vocación de enriquecerse. Para entender la vocación de servir, es recomendable que, de tanto en tanto, escuchen las enseñanzas de Pepe Mujica; y, para la vocación del enriquecimiento, el sector privado los espera con las puertas abiertas.

@tatidangond