El problema de Colombia es que a pesar de que todos nacemos libres e iguales ante la ley, no nacemos realmente iguales ante la justicia. Seguramente esta primera afirmación podría llevar a muchos a sugerir que esta tesis puede ser reduccionista, pues en un país con tantos problemas parece poco lógico creer que todo se debe a un tema de igualdad ante la justicia. Si el país tuviera un sistema de justicia que castigara la corrupción, tendríamos un país en el que las probabilidades de que se pierdan 50 billones de pesos al año por la corrupción –como sucede en Colombia- serían mucho menores. Si contáramos con un sistema judicial que investigara y sancionara a quienes asesinan y amenazan a líderes sociales a lo largo y ancho del país, no estaríamos presenciando esta grave violación sistemática y generalizada de los derechos humanos en Colombia.

Sin embargo, lejos de tener un sistema de justicia penal soñado, tenemos uno clasista y mediático que favorece a quienes tienen la capacidad económica y social para salir ilesos de cualquier investigación y juicio. Lo cierto es que la mayoría de las conductas criminales de esta país ni siquiera llegan a esa instancia o son investigadas, por lo cual la justicia no solo es generosa con quienes tienen una buena defensa jurídica, sino que es selectiva en los temas y en las personas a las que investiga. El caso de ‘Epa Colombia’ la influencer de la que todo Colombia está hablando por la condena que recibió por incentivar el “terrorismo”, es la clara muestra de los problemas que tiene nuestra justicia.  Daneidy Barrera Rojas cometió un delito y además se grabó mientras lo hacía, por lo que efectivamente debía recibir una sanción penal, como todos los mortales que cometan un delito. 

El problema es que ‘Epa Colombia’ no fue sancionada como cualquier mortal, sino con una pena por terrorismo, una conducta que está muy lejos de enmarcarse dentro de los hechos de este caso. Es una locura que en un país donde el terrorismo ha existido en los niveles más graves a los que se pueda llegar, grabarse dañando el Transmilenio con un martillo sea equiparable a cometer un acto de terrorismo. Si ‘Epa Colombia’ no fuera quien es, una influencer que creó una empresa de keratinas, sino un hombre con estudios en una universidad prestigiosa de Bogotá, con buenos abogados y una familia que lo respalda económicamente ¿habría recibido el mismo tratamiento por la justicia? 

No, no habría recibido el mismo tratamiento porque los buenos abogados penalistas, los que cuestan bastante, saben perfectamente como sacar a una persona de este lío o por lo menos aliviar los efectos de una sanción penal a su mínima expresión. La justicia intentó probar con una pena desproporcionada que el vandalismo no paga, pero para probarlo se llevó por encima los derechos de una mujer que merecía una sanción pero no esta. La justicia sigue a merced de quienes tienen como manipularla y la discusión no termina o inicia con ‘Epa Colombia’ sino con un listado interminable de casos como este.

@tatidangond