En su más reciente revisión de los estados financieros de las EPS en el país, la Contraloría General confirmó lo que es una realidad irrebatible: ninguna de las empresas intervenidas por la Superintendencia de Salud ha logrado revertir su crisis de recursos ni mejorado la calidad de la atención a sus usuarios. Lo más desafortunado de todo es que el Gobierno, dice el ente de control fiscal, no ha exigido acciones contundentes a los interventores que designó para estabilizar su calamitosa situación que, por el contrario, empeoró todavía más.

Ahora bien, el grave estado en el que están las EPS intervenidas por la Supersalud, debido al incumplimiento de los indicadores de habilitación financiera: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas, no es tan distinto al del resto. De las 29 que aún operan, de un total de 157 autorizadas desde la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, apenas seis se mantienen a flote. Esas tan solo cubren el 10 % de los 51 millones de afiliados.

Así las cosas, 9 de cada 10 caminan sobre el filo de la navaja como consecuencia de un sistema insostenible financieramente, con EPS que acumulan deudas de casi $33 billones con clínicas, hospitales y proveedores. No cabe duda que estamos ante una crisis enorme, compleja, estructural, que se agrava a diario, mientras el Gobierno insiste en convertirla en su caballito de batalla para forzar en el Congreso la aprobación de una reforma hecha a la medida de sus intereses que, anticipan los mismos agentes del sector, no resolverá su desfinanciamiento ni el acceso efectivo de la gente a los servicios, dos síntomas evidentes.

Todos los datos analizados por la Contraloría ratifican el deterioro del sistema, denunciado por los mismos usuarios. A los operadores farmacéuticos las EPS les deben $2,8 billones, lo que afecta la entrega oportuna de medicinas. De hecho, esa es la principal causa de las peticiones, quejas y reclamos que en 2024 se dispararon más de 23 %: de 1.3 millones a más de 1.6. Más del 90 % se asocia con barreras de acceso a servicios y tecnologías. Las tutelas crecieron un 35 % hasta las 175 mil. Y la Nueva EPS encabeza el ranquin del malestar.

De entrada, lo que ocurre con la principal EPS del país, la de más afiliados, 11.5 millones, es inaudito. Por segundo año consecutivo no presentó sus estados financieros, por lo que cabe preguntarse si ocultan algo. Por respeto a sus usuarios, el Ministerio y la Supersalud deben ser transparentes en el manejo de una entidad crucial, que parece encaminada a un abismo.

Empecinado en poner en marcha su esquema de salud, aún a expensas de la asfixia financiera de las EPS, el Gobierno sigue sin asumir su responsabilidad en esta debacle. Por el contrario, su manifiesta dilación en la toma de decisiones de fondo, incluso las ordenadas por la Corte Constitucional, ratifica su desinterés por hallar salidas conjuntas al desgaste del actual modelo de aseguramiento. Si más EPS tiran la toalla o se liquidan, el traslado de usuarios, como hasta ahora ha sucedido, sobrecargará a las demás prestadoras a un punto sin retorno por incapacidad operativa o financiera. Esta historia ya la conocemos de sobra.

El diagnóstico de la Contraloría es claro. Los costos en salud superaron en 2024 los ingresos por la unidad de pago por capitación (UPC), el valor anual que el gobierno le reconoce a las EPS por cada afiliado. Pero el ministerio de Guillermo Jaramillo con su negligencia, falta de compromiso o voluntad para entenderlo revalida el refrán que reza: “no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el aquel que no quiere oír”. Ni siquiera la decisión de la Corte de dejar sin efectos la intervención de Sanitas hizo entrar en razón al Ejecutivo en su plan de desestabilizar el sistema para generar un caos, con su famoso ‘shu, shu, shu’.

Salta a la vista que, aunque la Supersalud orquestó las intervenciones forzosas con el supuesto argumento de insolvencias financieras de las EPS que comprometía la prestación de servicios, su relato doctrinario, discriminatorio y hasta arbitrario del sector fue el hilo conductor de las mismas. La prepotencia de Luis Carlos Leal, quien creyéndose el salvador del sistema las lideró, le hizo mucho daño a la concertación de soluciones a la crisis. Ahora tras la pérdida de confianza mutua todo será aún más complicado, pero ante lo inevitable es indispensable trabajar en un nuevo modelo más eficiente y con garantías de financiación.

Hace bien la Contraloría en desnudar el desastre, que más allá de números o datos descubre una cantidad de vidas en riesgo por la injustificada demora del Gobierno en dar respuestas.