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Pensión mínima universal

La misión llega a una conclusión simple pero no menos importante: no se puede hacer una reforma de protección social por pedazos. Salud, pensiones y mercado laboral están intrínsecamente ligados. No podemos continuar con reformas desarticuladas, incompletas y a destiempo. 

De los muchos problemas identificados por la Misión de Empleo, el más dramático es la protección en la vejez. Del total de 6 millones de adultos mayores, solo 1,7 millones (27%) tiene una pensión. No solo es difícil calificar, sino que el sistema vergonzosamente le da el grueso de los subsidios a los ricos. Esperamos que el debate presidencial no prometa más beneficios sin fuente de pago. El resultado de eso no es solo malas pensiones para la mayoría, es no tener ninguna protección, necesitamos una pensión mínima universal.

El actual sistema promete ser generoso, pero fija requisitos de difícil acceso, dado las realidades laborales. De entrada, el 56% del país gana menos de un salario mínimo y, por ende, no participa del sistema formal. Entre 2009 y 2019, un restante 11% de la fuerza laboral sale y entra de la formalidad. En promedio, solo cotizan el 46% de su vida laboral. Lograr pensión con la actual informalidad en el Régimen de Prima Media (RPM) de 1300 semanas requiere 58 años de vida laboral mientras que el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) con 1150 semanas 52 años. La informalidad hace que el perfil demográfico de Colombia se envejezca. Nos parecemos a Japón en vez de a Latinoamérica.

Para atender la crisis social, se crearon programas como Colombia Mayor que permiten ofrecer 80 mil pesos mensuales para 1,2 millones (20%) de adultos mayores del país. De esta manera, se ofrece un beneficio que, aunque es útil, no compensa el derecho pensional ni llega a todos los que lo necesitan. Aquí hay colombianos de primera y segunda categoría. 
Un estudio sobre subsidios que realizamos en 2017 en el DNP, detectó que, en Colpensiones, los que ganan más de 10 salarios mínimos reciben 9,3 veces más subsidios que los que ganan entre 1-2 salarios mínimos. En vez de construir una sociedad más equitativa, el sistema de pensiones hace al país más desigual. El quintil más pobre solo recibe el 4,3% de las ayudas, mientras el más rico el 50,8%. Con ello, una persona que cotiza 20 millones al mes puede recibir un subsidio de más de 1.000 millones de pesos en su pensión. La progresividad debería ser el principio rector de las pensiones. 

Interesante que, en la Ley de Mercado de Valores, el gobierno esté liderando la eliminación del retiro programado y un mercado de pensiones vitalicias para bajos ingresos. Actualmente los ingresos mensuales de los pensionados dependen del comportamiento de los mercados financieros, la renta vitalicia eliminaría la incertidumbre. Eso sí, actualmente 90% de las pensiones usan el mecanismo del retiro programado, la transición debe ser gradual. Es razonable que el gobierno asuma el descalce de cualquier volatilidad.

La misión llega a una conclusión simple pero no menos importante: no se puede hacer una reforma de protección social por pedazos. Salud, pensiones y mercado laboral están intrínsecamente ligados. No podemos continuar con reformas desarticuladas, incompletas y a destiempo. Se requiere una visión integral. Por eso, lo que sí es claro es que debe haber un solo sistema de protección a la vejez financiado por contribuciones y presupuesto general para lograr una cobertura, una Pensión Mínima Universal. Eso sí, para que funcione se requiere que los más pobres reciban más.

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