Dizque hay que tratar de recuperar en la ciudadanía la confianza hacia la Policía Nacional, es la cantaleta de quienes persiguen el caos. Pero no. Las comunidades confían y apoyan a su Policía, al punto que salieron en Bogotá a por sus propios medios reparar y reconstruir los CAI que tanta seguridad les brindan.

Los izquierdosos, con eco en los sesgados medios que les hacen el juego, fueron tres policías, pero generalizan, satanizan a todos y malintencionadamente preguntan quién en medio del caos dio la orden de disparar indiscriminadamente, cuando  la pregunta es quién dio a los vándalos la orden de salir a infiltrar las protestas para en las calles atacar buses, vitrinas, y hasta a agentes de la ley. Es que aquél capaz de lanzar una papa bomba o un pesado adoquín contra otra persona no es un vándalo, sino un criminal. Y si fue contratado para ello, es un sicario. Así que hay que judicializarlos a ambos: al sicario, y también al instigador. La protesta es válida, siempre que sea pacífica, como aquí en Barranquilla. Y que no lesione ni perturbe al prójimo, que seguro nunca votará por los malandros que las convocan.

Buscan ahora colgarle el sambenito a la Policía Nacional. Es la declarada intención de las izquierdas radicales, con apoyo de la López, quien, aunque no quiera enterarse, es su responsable en Bogotá. La banda Gaviria chilla también en apoyo a las protestas, y contra la Policía. El colmo es que hasta Vargas Lleras proponga crear un ministerio especial, propuesta santista que en su momento fue derrotada y es ahora rechazada por los generales de la Policía en retiro. No puede ser que se le cuelgue a la institución un escapulario que no le corresponde.

El problema no es de la Policía, ni de sus altos mandos. El problema es de las leyes, que no fijan especiales y rápidos castigos para los vándalos, ni para sus instigadores y, claro, reinciden. Así que ése sambenito no es de la Policía. Es ajeno.

Coletilla minera: Las declaraciones de Claudia Bejarano en EL HERALDO son contundentes en cuanto a la situación de Cerrejón. La empresa está presta a adelantar amigable negociación, pero hay puntos inamovibles, no por capricho de la presidencia a su cargo, sino por políticas de sus dueños, empresas con actividad internacional que igual sufren las malas condiciones de demanda y de pandemia. Es lo que el sindicato se niega a aceptar esgrimiendo argumentos que evaden el fondo del asunto, e intentando justificar su decisión de huelga. Es que el fondo del problema no son los trámites legales ni convencionales, ni mucho menos el derecho que les asiste para presentar peticiones. Lo que se cuestiona es la oportunidad y la pertinencia. El país se enfrenta a un muy alto desempleo y reducción en la productividad, y el sector, amén de los bloqueos ambientales y el bajo precio, anda en franca declinación. Así que el sentir general es que no estamos en momento para arriesgar diez mil empleos, ni los beneficios para la región, ni los ingresos por regalías e impuestos, sino de agradecer que tienen trabajo.

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