El objeto de la ley 1133 de 2007 que dio origen a Agro Ingreso Seguro fue: “Proteger los ingresos de los productores afectados ante las distorsiones de los mercados externos y mejorar la productividad de todo el sector agropecuario nacional”. No hay tal pues, como se difundió rasgándose las vestiduras, que se tratara de un “programa diseñado para los pobres” que por “la corrupción le terminó llegando a los ricos”, lo que acabó repitiendo el fiscal del caso. Y esa evidente falsedad voló en alas de la creencia errónea, pero generalizada en Colombia, de que los subsidios están asociados solo a programas de reducción de la pobreza. Pero no es así. El concepto de subsidio, lo sabe cualquier primíparo de economía, es el de un incentivo a actividades que los gobiernos o los legisladores consideran  convenientes y deseables para sus políticas económicas. Y aunque el concepto cobije programas orientados a mitigar la pobreza, no hay razón alguna en la teoría ni en la práctica para suponer que estén limitados a eso.

De hecho la diversidad es inagotable: Estados Unidos, en el gobierno anterior, incrementó los subsidios a quienes generaran energía limpia para combatir el calentamiento global y durante  años la principal receptora de millones de dólares fue Iberdrola, una empresa próspera y extranjera, dedicada a la generación eólica. La Unión Europea se dio las maneras de subsidiar prolongadamente a Airbus por considerar estratégica la industria aeronáutica. China subsidia hoy a los fabricantes de carros eléctricos y así se apoderó de la “pole” en esa carrera.

Pero los subsidios más pródigos y de más vieja data son los agrícolas de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Su férrea defensa es el mayor obstáculo para negociar con ellos cualquier tratado de libre comercio. El argumento es la seguridad alimentaria y su objetivo minimizar riesgos de desabastecimiento, al tiempo que se promueve la inversión y el  empleo rural. Los mecanismos usuales son un subsidio por tonelada producida o por hectárea cultivada de algunos productos. Mientras más hectáreas alguien cultive o más toneladas produzca más subsidio recibe. En ocasiones la mayor receptora en España fue la duquesa de Alba y en Inglaterra lo ha sido la propia reina. A veces se establecen topes y, cuando esto ocurre, nunca faltan los corruptos que se dan las maneras de correr la cerca. Flaqueza común a toda clase de subsidios, sean sus receptores pobres, de clase media o ricos. Hay que controlarlos, perseguirlos, judicializarlos; a los tramposos, no a los ministros.

Sin embargo, aquí la acusación equivocada contribuyó a la condena del exministro Arias. Y la revista Semana, en uno de los Confidenciales de su pasada edición, pretende  haber “descubierto” a estas alturas que en Estados Unidos el mayor porcentaje de los subsidios agrícolas llega a manos de los agricultores más ricos, solo para sugerir una sórdida coincidencia con Agro Ingreso Seguro. ¿Obsesión o ignorancia?