En la madrugada del 8 de julio de 2019, varios hombres armados se tomaron un lote en el municipio de Malambo que por más de 35 años había pertenecido ininterrumpidamente a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, así conocida, es una empresa mixta con una participación del 47% del gobierno nacional en manos de los ministerios de agricultura y hacienda, un 32% del Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla y el 21% restante de inversionistas privados. La invasión se realizó con precisión cronométrica entre las dos rondas de vigilancia motorizada que se hacían con regularidad después de medianoche. Esa misma mañana la empresa presentó la denuncia respectiva y solicitó el amparo policivo. No obstante, la inspectora a cargo lo asignó a favor del invasor, aduciendo la existencia de un amparo suyo del año 2006; pero al requerirse en la inspección de policía los documentos originales de ese supuesto proceso para verificar su autenticidad la respuesta fue que esos archivos no existían “porque se los comió la polilla”.

En octubre de 2019 la alcaldía de Malambo declaró la nulidad de todo lo actuado por la inspectora de policía. Además de ese proceso policivo, Granabastos tuvo que atender un proceso de pertenencia ante un juzgado civil y entablar un proceso penal. En 2020, luego del tiempo perdido reconstruyendo todo el expediente sospechosamente extraviado, la pandemia sirvió de excusa para que los tres procesos pasaran todo el año paralizados. Finalmente, el 15 de enero de 2021 se negó la ratificación del amparo policivo solicitado por el invasor y se ordenó el amparo a favor de Granabastos, y el 5 de febrero un juzgado dictó sentencia negando las pretensiones del invasor y ordenándole cubrir los costos del caso. De todas maneras para dar cumplimiento a ella hubo que esperar una diligencia de desalojo hasta el 12 de abril.

Dejemos ahí esa saga que solo pretendía ilustrar un atropello de escandalosa recurrencia también en Soledad y Puerto Colombia; y que es un ejemplo emblemático por tratarse de una entidad con socios estatales del más alto nivel, cuyas propiedades y acciones son reconocidas y apreciadas por la comunidad. Numerosas organizaciones dedicadas a la expropiación fraudulenta y estructuradas para ese fin suelen enmarañar a cualquiera. Para ello tienen una división armada que asesta golpes de hecho y una división jurídica que planea y asesta golpes en derecho, espurios pero que minan la posición legal del legítimo propietario; algunas tienen incluso buldóceres para arrasar e intimidar. Necesitan adicionalmente el apoyo por acción u omisión de funcionarios venales para violar de manera sofisticada en apariencia pero burda en realidad los derechos de propietarios de cualquier condición social y procedencia. ¿Qué se deja para la mayoría de sus víctimas que no tienen los recursos, experiencia, apoyo y organización de una empresa como Granabastos? Urge una acción más integral y decidida coordinada con todos los entes de control para poner coto a este flagelo.

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