Desde la elección de Miguel Polo Polo y Ana Rogelia Monsalve Álvarez como representantes a la Cámara por las curules de los pueblos afro, inició una discusión respecto a los requisitos que deberían tener los candidatos avalados por estas listas.

Es de resaltar, que los actuales representantes, antes de ser avalados por los Consejos Comunitarios de las comunidades afro, se registraron ante el Ministerio del Interior como miembros de los pueblos indígenas con el objetivo de obtener algunos beneficios en materia de inclusión, pero cabe preguntarse si un aval sin procesos sostenidos y demostrables al interior de las comunidades representa las problemáticas del pueblo afrodescendiente ante el Congreso de la República.

En ese sentido, es urgente la discusión e implementación de una reforma política que aborde los rezagos institucionales y de representación que tiene nuestro país. Sin embargo, mientras discutimos la mejor forma para representar a las mujeres, indígenas y afros, hay otros grupos poblacionales a los que se les niega, incluso, su derecho a elegir, viviendo así, una especie de desierto democrático.

Muchas personas discapacitadas se enfrentan a un sinnúmero de barreras físicas, institucionales y sociales que les impide ejercer su derecho a elegir. Por ejemplo, en 2016, mi padre sufrió un ACV que dejó secuelas en su movilidad, por esta razón, desde las elecciones locales de 2015 no pudo practicar su derecho al voto, porque el puesto de votación donde estaba inscrito no era accesible para personas con movilidad reducida. Posteriormente, la inscripción de su cédula en otro puesto de votación fue anulada por razones que aún desconocemos.

En una situación similar se encuentran las personas trans. La transfobia se manifiesta de múltiples maneras en elecciones, principalmente, en la forma cómo estas personas son tratadas al momento de ejercer su derecho, recibiendo comentarios desobligantes por parte de autoridades electorales y de la fuerza pública. Además, les exigen identificarse de una forma que anula su construcción de género.

En este sentido, es urgente la aplicación del “Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación”, adoptado por el CNE durante el 2020.

Un país que se precie de ser plenamente democrático no puede seguir dejando atrás a una gran parte de la población, a personas valiosas que deben tener la posibilidad de alzar la voz, participar en la conformación, seguimiento y control de los poderes públicos e incidir en la construcción de las políticas que este país requiere para su transformación. Ese es el verdadero cambio.

*Director del programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar.